Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 141-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, a los fines de requerir un Directorio Oficial de Oficiales de Información; disponer la información mínima que deberá contener; establecer su actualización periódica; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 7, crear un nuevo Artículo 9 y reenumerar los artículos 9 al 15, respectivamente, de la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como ”Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto de la Cámara 448 propone enmendar la Ley 141-2019 para extender los plazos de respuesta a solicitudes de información pública de 10 a 20 días laborables (y de 15 a 25 para oficinas regionales), permitiendo una prórroga adicional de 10 días. También crea un nuevo mecanismo de reconsideración administrativa ante el jefe de la agencia antes de acudir a los tribunales y establece fundamentos específicos para la denegación de información. Afecta directamente a los ciudadanos que solicitan información pública y a las agencias gubernamentales que deben proveerla.

Para añadir una nueva Sección 1.7 a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de requerir la identificación y revisión periódica de los formularios dirigidos al público por las agencias; disponer que dichos formularios deberán revisarse al menos una vez cada cinco (5) años; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1376 propone añadir una Sección 1.7 a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017). Esta nueva sección requerirá que todas las agencias gubernamentales incluyan información mínima de identificación y trazabilidad en sus formularios dirigidos al público, tanto físicos como electrónicos. Además, se establece la obligación de revisar estos formularios al menos una vez cada cinco (5) años para asegurar su vigencia y adecuación. La medida afecta a todas las agencias públicas y a la ciudadanía que interactúa con ellas a través de formularios.

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de autorizar la imposición de multas administrativas por incumplimientos injustificados con requerimientos de información, documentos o acceso de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; fortalecer la fiscalización y la transparencia gubernamental; establecer garantías procesales; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1358 enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 1952, conocida como la Ley de la Oficina del Contralor. Propone autorizar al Contralor a imponer multas administrativas de hasta $5,000 por cada incumplimiento injustificado con requerimientos escritos de información, documentos o acceso a archivos. La medida establece un proceso de notificación previa, oportunidad para cumplir o mostrar causa, y garantías procesales, afectando a todas las agencias, instrumentalidades y municipios del Estado Libre Asociado.