Para añadir una nueva Sección 1.7 a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de requerir la identificación y revisión periódica de los formularios dirigidos al público por las agencias; disponer que dichos formularios deberán revisarse al menos una vez cada cinco (5) años; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 2.7 de Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de añadir una disposición que autorice a las agencias administrativas a mantener vigente una reglamentación impugnada de su faz cuando la impugnación no sea basada en una violación sustancial a las disposiciones de la Ley 38-2017, y autorizar subsanar errores no perjudiciales en el proceso de reglamentación.

La medida P. del S. 713 propone enmendar la Ley 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Busca autorizar a las agencias administrativas a mantener vigente una reglamentación impugnada si la objeción no se basa en una violación sustancial a la LPAU, permitiendo así corregir errores no perjudiciales sin anular inmediatamente la norma. Esto aplica a procesos de reglamentación administrativa en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico.

Para enmendar las Secciones 2.1, 2.2, 2.9, 3.14 y 7.1 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (LPAU), a los fines de modernizar el proceso de reglamentación y procedimientos adjudicativos mediante la incorporación prioritaria de herramientas tecnológicas (notificaciones electrónicas, vistas virtuales y publicación digital); uniformar términos y plazos con avances actuales; aumentar multas administrativas para disuadir incumplimientos; y para otros fines relacionados.

La medida PS 964 enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para priorizar el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de reglamentación y adjudicación. Introduce notificaciones electrónicas, vistas virtuales y publicación digital como norma, y establece un plazo fijo de 30 días para comentarios públicos, prorrogable solo por causa justificada. También reduce el plazo para resoluciones finales de 90 a 60 días y aumenta las multas administrativas por violaciones a reglamentos de un máximo de $5,000 a $10,000, destinando los fondos recaudados a la modernización tecnológica de las agencias. Afecta a todas las agencias gubernamentales y a los ciudadanos que interactúan con ellas.

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 141-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, a los fines de precisar el contenido del acuse de recibo de las solicitudes de información pública; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 1374 enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 141-2019, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. Su propósito principal es precisar el contenido mínimo que debe incluir el acuse de recibo de las solicitudes de información pública por parte de las entidades gubernamentales. Afecta directamente a los ciudadanos que solicitan información pública, quienes recibirán un acuse de recibo más detallado y estandarizado, y a los Oficiales de Información de las agencias, quienes deberán asegurar que sus procesos de acuse cumplan con los nuevos requisitos.