“Para añadir un nuevo Artículo 8.2 y reenumerar los actuales artículos 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 como los artículos 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme a los fines de garantizar que se extienda la vigencia de las certificaciones y documentos producidas por el Gobierno de Puerto Rico y que sean presentados ante agencia como parte de un trámite administrativo; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,” a los fines de aclarar la aplicabilidad de los procedimientos y términos dispuestos para los procesos de licitación pública de dicha Sección, cuando no le sean aplicables las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como, “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019.

Esta medida enmienda la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme) para clarificar que los procedimientos y términos de revisión administrativa para adjudicaciones de licitaciones públicas aplican a los procesos de contratación de servicios profesionales cuando estos se realicen mediante licitación pública, y no les sean aplicables las disposiciones de la Ley 73-2019 (Ley de Centralización de Compras). Afecta a las agencias gubernamentales que realicen licitaciones de servicios profesionales y a las partes afectadas por dichas adjudicaciones.

Para enmendar la Sección 2.13 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer disposiciones relativas a la adopción, vigencia y readopción de reglamentos de emergencia por parte de las agencias administrativas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Sección 2.13 de la Ley 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme) para establecer un marco legal más detallado sobre reglamentos de emergencia. Busca definir plazos máximos de vigencia para estos reglamentos, especificar mecanismos de divulgación pública y notificación, y regular el procedimiento para su posible readopción si la emergencia persiste. Afecta directamente a las agencias administrativas del Poder Ejecutivo, al Gobernador (quien certifica la emergencia) y a la ciudadanía al clarificar los procesos para la adopción y duración de normativas de carácter excepcional.

Para añadir una nueva Sección 1.7 a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de requerir la identificación y revisión periódica de los formularios dirigidos al público por las agencias; disponer que dichos formularios deberán revisarse al menos una vez cada cinco (5) años; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1376 propone añadir una Sección 1.7 a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017). Esta nueva sección requerirá que todas las agencias gubernamentales incluyan información mínima de identificación y trazabilidad en sus formularios dirigidos al público, tanto físicos como electrónicos. Además, se establece la obligación de revisar estos formularios al menos una vez cada cinco (5) años para asegurar su vigencia y adecuación. La medida afecta a todas las agencias públicas y a la ciudadanía que interactúa con ellas a través de formularios.