Para añadir la Sección 3.2-A a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines disponer que las querellas, peticiones o solicitudes, así como las notificaciones en los procedimientos adjudicativos, podrán realizarse por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico accesible a la ciudadanía, considerándose como documentos certificados por la agencia que los reciba o emite, respectivamente; requerir a las agencias a tomar las medidas pertinentes para viabilizar la implementación de los mecanismos necesarios para el uso de la tecnología en los procesos adjudicativos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de modernizar el procedimiento para la reglamentación; establecer el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, e incorporar mecanismos de participación, análisis regulatorio y revisión periódica de reglamentos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) para modernizar el proceso de creación y publicación de reglamentos gubernamentales. Crea el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico como plataformas digitales centralizadas para avisos y compilación de normas. Introduce la Declaración de Costos Estimados (DCE) para evaluar el impacto económico de nuevas regulaciones y fomenta la reglamentación negociada. Afecta a todas las agencias públicas que crean reglamentos, así como al sector privado, organizaciones sin fines de lucro y a la ciudadanía en general que interactúan con o son afectados por dichas normas.

“Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 32 y 53 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; a los fines de establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación emitidas en procesos de licitación pública, incluyendo subastas formales, subastas informales, solicitudes de propuestas, solicitudes de propuestas selladas, requerimientos de propuestas, solicitudes de cualificaciones, requerimientos de cualificaciones y procedimientos análogos; requerir advertencias claras sobre los términos y foros disponibles para solicitar revisión administrativa, reconsideración o revisión judicial, según corresponda; disponer el efecto jurídico de una notificación defectuosa sobre el inicio de los términos jurisdiccionales; ordenar la preparación y adopción de modelos uniformes de notificación; establecer deberes de reglamentación y coordinación interagencial; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) y la Ley de la Administración de Servicios Generales (Ley 73-2019) para establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación en todos los procesos de licitación pública del gobierno. Exige que estas notificaciones sean escritas, fundamentadas, claras y suficientes, detallando los fundamentos de la decisión, los licitadores participantes, los criterios de evaluación, y las advertencias sobre los recursos administrativos o judiciales disponibles, sus términos, foros y efectos. Busca asegurar que los términos jurisdiccionales para impugnar una adjudicación solo comiencen a contar una vez se emita una notificación correcta y completa, afectando a todas las agencias y entidades gubernamentales que realicen compras y contrataciones públicas.

Para añadir una nueva Sección 1.7 a la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de requerir la identificación y revisión periódica de los formularios dirigidos al público por las agencias; disponer que dichos formularios deberán revisarse al menos una vez cada cinco (5) años; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1376 propone añadir una Sección 1.7 a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017). Esta nueva sección requerirá que todas las agencias gubernamentales incluyan información mínima de identificación y trazabilidad en sus formularios dirigidos al público, tanto físicos como electrónicos. Además, se establece la obligación de revisar estos formularios al menos una vez cada cinco (5) años para asegurar su vigencia y adecuación. La medida afecta a todas las agencias públicas y a la ciudadanía que interactúa con ellas a través de formularios.