Para enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", a los fines de crear una sala judicial denominada “Sala Especializada en Asuntos de Drogas y Alcohol”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, y enmendar la Sección 4 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de promover la creación de al menos una sala especializada para la atención de casos de expropiaciones y estorbos públicos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de la Judicatura de Puerto Rico (Ley 201-2003) y la Ley General de Expropiación Forzosa (Ley de 1903) para crear al menos una Sala Especializada en cada región judicial para atender casos de expropiaciones y estorbos públicos. El objetivo es agilizar estos procesos, que actualmente deben presentarse exclusivamente en San Juan. Los jueces de estas salas deberán tener formación o experiencia especializada. La Oficina de Administración de los Tribunales tiene 90 días para adoptar la reglamentación necesaria.

“Para enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de eliminar la posibilidad de penas alternativas a la reclusión para los conductores que provoquen la muerte de otra persona mientras conducen bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas; y para otros fines relacionados.”

La medida propone enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. El objetivo es eliminar la posibilidad de imponer penas alternativas a la reclusión (como probatoria o desvíos) para conductores que causen la muerte de otra persona mientras manejan bajo la influencia de alcohol, drogas o sustancias controladas. Afectaría directamente a los tribunales, fiscales, abogados defensores y a las personas acusadas de este tipo de delito grave.

Para enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2001”, a los fines de promover la creación de al menos una sala especializada para la atención de casos de expropiaciones y estorbos públicos; y para otros fines relacionados.

La medida buscaba enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003 (Ley de la Judicatura) para instruir al Tribunal Supremo a designar al menos una Sala Especializada en cada región judicial para atender casos de expropiaciones y estorbos públicos. El objetivo declarado es agilizar la gestión gubernamental en estas áreas, afectando directamente a las entidades gubernamentales que inician estos procesos y a los ciudadanos cuyas propiedades están involucradas.

Para establecer la "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmendar el Artículo 2, de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción en la que una persona sea convicta como consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y que cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano, sujeta a las disposiciones establecidas en el Artículo 7.06 de dicha Ley.

La medida enmienda el Artículo 2 de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba (Ley 259-1946) para prohibir la suspensión de sentencias de reclusión. Específicamente, impide que los tribunales suspendan la sentencia de reclusión en casos de delitos graves o menos graves (tipificados en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley 22-2000) cuando estos resulten en grave daño corporal o muerte a otro ser humano. Afecta directamente a personas convictas por estos delitos y a las víctimas de dichos actos.

“Para establecer la “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”; derogar la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”; enmendar la Sección 1051 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, para añadir una subsección 1051.16 a los fines de establecer un crédito por donativos a la Fundación del Patronato del Poder Judicial; enmendar los Artículos 62 y 67 de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, para ajustar disposiciones sobre inspección notarial, nombramientos y archivos; enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 87 de 31 de mayo de 1972, según enmendada, conocida como “Ley del Negociado de Traducciones”, para actualizar sus deberes, términos y procesos de traducción y publicación, e incorporar herramientas tecnológicas; y para otros fines relacionados.”

Esta medida legislativa, titulada 'Ley del Poder Judicial de Puerto Rico', deroga la Ley 201-2003 y establece un nuevo marco legal para la administración y estructura del Poder Judicial. Crea la categoría de Juez Superior como la única en el Tribunal de Primera Instancia, eliminando prospectivamente la figura del Juez Municipal. Reafirma la distribución constitucional de poderes administrativos entre el Tribunal Supremo y su Juez Presidente, y actualiza deberes y procesos para el Negociado de Traducciones, además de enmendar disposiciones de la Ley Notarial y añadir un crédito por donativos a la Fundación del Patronato del Poder Judicial.