“Para establecer la “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”; derogar la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre…

Contras

• •La desaparición gradual de los 85 puestos municipales elimina la asignación legal expresa de asuntos específicos a esa categoría, como órdenes de protección, reclamaciones de hasta $5,000 y ciertas gestiones penales iniciales. No significa que esos casos queden sin foro, pero la ley deja de garantizar esa estructura y no establece conversión automática de los jueces actuales. La Federación de la Magistratura advirtió que la falta de conversión automática puede perjudicar a jueces municipales con años de servicio; el Colegio de Abogados y Abogadas sostuvo que la sustitución por jueces superiores podría afectar el acceso a la justicia. Además, el artículo presupuestario menciona puestos que se conviertan durante el año fiscal sin definir cómo ocurre esa conversión.
• •La ley traslada al Tribunal Supremo en pleno la designación de jueces administradores y le encarga establecer reglas sobre asignaciones judiciales, personal y compras, mientras el Juez Presidente conserva la dirección y ejecución administrativa. La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana sostuvo que esa distribución requiere una enmienda constitucional y advirtió sobre responsabilidad difusa y carga administrativa para el Pleno; la Oficina de Administración de los Tribunales dijo que aún persistían asuntos estructurales. El Departamento de Justicia, en cambio, no identificó impedimento legal para continuar el trámite, por lo que la controversia constitucional no queda resuelta por el texto.
• •Al derogar la Ley 201-2003, la medida no reproduce la obligación de establecer en cada región salas especialmente designadas para casos de abuso sexual contra menores. También baja de al menos dos adiestramientos al año a uno cada dos años la frecuencia que la ley vigente fijaba para temas de maltrato y protección de menores, y no repite el adiestramiento de sensibilización sobre las necesidades de inmigrantes. Aunque la nueva ley conserva otras salas y adiestramientos, estas protecciones expresas se reducen o desaparecen.
• •Para casos civiles que llevaban dos años sin determinación final, la ley vigente ordenaba al juez administrador dictar las órdenes necesarias para procurar su resolución. La nueva ley exige informar los casos atrasados y la justificación de la demora, pero no conserva esa obligación de intervenir; el seguimiento puede quedar en un informe sin una acción correctiva exigida por ley.