Para crear la “Ley para la Prevención del Aislamiento Social y la Soledad No Deseada de las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”; establecer el Programa Conecta 60+ bajo la coordinación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada; establecer mecanismos voluntarios de identificación, cernimiento, seguimiento y conexión con servicios para personas adultas mayores en riesgo de aislamiento social o soledad no deseada; autorizar acuerdos colaborativos con municipios, entidades gubernamentales, instituciones de salud, organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro; establecer protocolos especiales durante emergencias; disponer medidas de confidencialidad, reglamentación, financiamiento e informes; armonizar esta Ley con la Ley 76-2013, según enmendada, y la Ley 121-2019, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Contras

• •El financiamiento inicial depende de recursos existentes de la Oficina y entidades participantes, fondos federales compatibles, aportaciones municipales voluntarias y donativos, sin una asignación presupuestaria específica detallada en la medida, lo que podría limitar su alcance o sostenibilidad si no se aseguran fuentes adicionales.
• •La medida se basa en la cooperación voluntaria de municipios y organizaciones, y si bien autoriza acuerdos, no impone obligaciones de incurrir en gastos no presupuestados ni crear nuevas plazas en los municipios, lo que podría resultar en una implementación desigual o limitada dependiendo de la voluntad y capacidad de cada municipio o entidad colaboradora.
• •Aunque se exhorta a las instituciones de salud a incorporar orientación sobre el programa en la planificación de alta hospitalaria, no se establece un mandato o mecanismo de seguimiento para asegurar que esto ocurra de manera consistente, y se aclara que no retrasará altas médicas ni será condición para recibir tratamiento.
• •La efectividad del programa depende en gran medida del desarrollo y adopción de reglamentación por parte de la Oficina del Procurador dentro de 180 días, y de la creación de una herramienta de cernimiento breve, accesible y culturalmente adecuada, lo cual representa un desafío administrativo y de implementación que podría demorar o afectar su puesta en marcha.