Para crear la “Ley de Compromiso Intergubernamental con los Servicios de Amas de Llaves y Apoyo en el Hogar a las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico que los fondos públicos destinados a servicios de amas de llaves y apoyo en el hogar a personas adultas mayores sean canalizados a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico mediante convenios colaborativos, transferencias directas de fondos u otra modalidad jurídica intergubernamental afín, en sustitución de la contratación del Gobierno Estatal con entidades privadas; establecer los criterios de elegibilidad, distribución, fiscalización y rendición de cuentas aplicables; disponer sobre la gestión de fondos y programas federales disponibles para estos fines; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La medida crea la Ley de Compromiso Intergubernamental con los Servicios de Amas de Llaves y Apoyo en el Hogar a las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico. Establece como política pública que los fondos públicos para estos servicios se canalicen directamente a los 78 municipios, en lugar de contratar entidades privadas a nivel estatal. Busca mejorar la estabilidad, continuidad y eficiencia de los servicios mediante la descentralización a nivel municipal.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida aborda la provisión de servicios de apoyo en el hogar para adultos mayores, un tema que se enmarca en la creciente necesidad de infraestructura de cuido y servicios gerontológicos especializados para una población que envejece rápidamente, como se ha documentado. La transformación demográfica de Puerto Rico, con un aumento dramático en el índice de vejez y la emigración de jóvenes, ha generado una presión fiscal y una demanda urgente de estos servicios, lo que la medida busca atender mediante la descentralización de fondos.
En qué va
La medida, presentada el 15 de septiembre de 2026 por el representante José A. Santiago Rivera (PPD), se encuentra actualmente en la Comisión de [Comisión sin especificar] del Senado. La firman representantes del PPD.
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Última acción · 17 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
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“Para establecer el “Fondo Especial para la Asistencia de Adultos Mayores” como un fondo permanente que tenga la encomienda de sufragar y atender la necesidad de amas de llaves en Puerto Rico de manera que los cuidadores cuenten con un apoyo adicional financiado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. “
La medida propone establecer el "Fondo Especial para la Asistencia de Adultos Mayores" como un fondo permanente. Este fondo será administrado y custodiado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y se nutrirá con $225,000,000 provenientes de superávits y contribuciones del Departamento de Hacienda. Los fondos se distribuirán a los municipios para sufragar servicios de amas de llaves para adultos mayores, basándose en criterios como población de adultos mayores, necesidad socioeconómica, capacidad administrativa y eficiencia municipal.
Para establecer el “Fondo Especial para la Asistencia de Adultos Mayores” como un fondo permanente que tenga la encomienda de sufragar y atender la necesidad de amas de llaves en Puerto Rico de manera que los cuidadores cuenten con un apoyo adicional financiado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La medida establece el “Fondo Especial para la Asistencia de Adultos Mayores” como un fondo permanente, administrado y custodiado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Este fondo se nutrirá de $225 millones de dólares provenientes de superávits y recaudos del Departamento de Hacienda, y se destinará exclusivamente a financiar servicios de amas de llaves para adultos mayores a través de los municipios. Afecta directamente a los municipios, que recibirán los fondos para implementar o expandir estos servicios, y a las familias de adultos mayores que recibirán la asistencia.
Para crear la “Ley para la Prevención del Aislamiento Social y la Soledad No Deseada de las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”; establecer el Programa Conecta 60+ bajo la coordinación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada; establecer mecanismos voluntarios de identificación, cernimiento, seguimiento y conexión con servicios para personas adultas mayores en riesgo de aislamiento social o soledad no deseada; autorizar acuerdos colaborativos con municipios, entidades gubernamentales, instituciones de salud, organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro; establecer protocolos especiales durante emergencias; disponer medidas de confidencialidad, reglamentación, financiamiento e informes; armonizar esta Ley con la Ley 76-2013, según enmendada, y la Ley 121-2019, según enmendada; y para otros fines relacionados.
Crea una ley nueva y el Programa Conecta 60+, coordinado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, para personas de 60 años o más que consientan participar; no enmienda ni deroga la Ley 76-2013 ni la Ley 121-2019, sino que ordena interpretar el programa en armonía con ellas. La Oficina deberá establecer un cernimiento no diagnóstico, seguimiento según el riesgo y las preferencias de la persona, y referidos a servicios existentes; también podrá acordar colaboraciones con municipios y organizaciones, sin obligar a los municipios a crear plazas o gastos no presupuestados. Ordena un protocolo de contacto prioritario durante emergencias para participantes que lo hayan consentido y dispone que la Oficina adopte reglamentación dentro de 180 días de la aprobación e informe cada año, no más tarde del 31 de marzo, sobre el año natural anterior. La implantación inicial se paga con recursos existentes y otras fuentes disponibles, sin asignación específica; la ley entraría en vigor inmediatamente después de aprobarse.
Para crear la “Ley para el Sistema Integrado sobre Establecimientos para el Cuidado de Personas Adultas Mayores”, a los fines de establecer un mecanismo electrónico para compartir entre las agencias participantes de información sobre el estatus de las licencias expedidas por el Departamento de la Familia y con referidos, querellas, quejas, denuncias, inspecciones y hallazgos relacionados con la operación de dichos establecimientos; facilitar la notificación y coordinación entre las agencias que ofrecen servicios o fiscalizan su operación; disponer las funciones del Departamento de la Familia como administrador del Sistema; proteger la información confidencial; preservar el registro público establecido por la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, y las facultades de las agencias participantes; autorizar acuerdos interagenciales y reglamentación; y para otros fines relacionados.
Crea una ley separada para que el Departamento de la Familia, con apoyo de PRITS, administre un sistema electrónico para compartir entre agencias el estatus de licencias y datos básicos de querellas, referidos, inspecciones y hallazgos sobre establecimientos de cuidado de personas adultas mayores. Participarían inicialmente cinco entidades: Familia, Salud, la Policía, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de Educación; Familia podría incorporar otras entidades mediante reglamento o acuerdo interagencial. Familia debe convocarlas dentro de 90 días de aprobarse la ley y el sistema debe comenzar a operar dentro de 12 meses, sujeto a recursos disponibles. No enmienda ni deroga la Ley 94-1977: preserva su registro público y las facultades de las agencias, y no crea una clasificación nueva ni cambia las reglas de licenciamiento o sanción.
Para crear la “Ley del Programa de Educación para el Respeto, Cuidado, Protección y Dignidad de las Personas Adultas Mayores en las Escuelas Públicas de Puerto Rico”, a los fines de establecer como política pública la educación de las nuevas generaciones sobre el envejecimiento, los derechos, la dignidad, el cuidado y la protección de las personas adultas mayores; crear un programa educativo progresivo para los niveles elemental, intermedio y superior; establecer componentes de educación sobre edadismo, abandono, negligencia, maltrato, aislamiento social y explotación financiera; promover experiencias intergeneracionales; establecer las responsabilidades del Departamento de Educación y la colaboración interagencial; disponer para la capacitación del personal docente; establecer mecanismos de evaluación científica y rendición de cuentas; asignar los recursos necesarios para su implementación; y para otros fines relacionados.
La medida crea la Ley del Programa de Educación para el Respeto, Cuidado, Protección y Dignidad de las Personas Adultas Mayores en las Escuelas Públicas de Puerto Rico. Establece como política pública la educación sobre el envejecimiento, los derechos y la protección de adultos mayores, creando un currículo progresivo para todos los niveles escolares. El Departamento de Educación desarrollará e implementará el programa, capacitará al personal docente y colaborará con otras agencias y entidades. Afecta directamente a estudiantes, personal docente y administrativo del sistema público de enseñanza.
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