“Para crear la “Ley para la Creación de las Salas Especializadas de Asuntos de Adultos Mayores” en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico; establecer su jurisdicción y procedimientos sumarios en casos de tutela, explotación financiera, pensiones de emergencia, acceso a visitas, reubicación de hogares, órdenes de ingreso involuntario, reclamaciones de fraude y otros asuntos que afecten directamente a la población envejeciente; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar el inciso (j) y añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 9 de la Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos y la Política Publica del Gobierno a favor de los Adultos Mayores", a los fines de hacer enmiendas técnicas y establecer que en la concesión de órdenes de protección al amparo de esta Ley, los jueces municipales y superiores del Tribunal de Primera Instancia están facultados para ordenar el nombramiento de un tutor temporal cuando determinen que la condición del adulto mayor, producto de accidente o condición medica pone en riesgo su seguridad, bienestar, dignidad o patrimonio; añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 140 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como "Código Civil de Puerto Rico de 2020", para disponer que los jueces municipales y superiores del Tribunal de Primera Instancia están facultados para ordenar el nombramiento de un tutor temporal cuando determinen que la condición del adulto mayor, producto de accidente o condición médica, pone en riesgo su seguridad, bienestar, dignidad o patrimonio; añadir un nuevo subinciso (9) al Artículo 5.004 (a) de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", a los fines de facultar a los jueces municipales a ordenar el nombramiento de un tutor temporal conforme al "Código Civil de Puerto Rico de 2020", y expedir órdenes de protección al amparo de la Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos y la Política Publica del Gobierno a favor de los Adultos Mayores": y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley 121-2019 (Carta de Derechos de Adultos Mayores), el Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) y la Ley de la Judicatura (Ley 201-2003). Faculta a jueces municipales y superiores a ordenar el nombramiento de tutores temporales cuando la condición de un adulto mayor, por accidente o enfermedad, ponga en riesgo su seguridad, bienestar, dignidad o patrimonio. Afecta directamente a adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad y a los tribunales que atienden estos casos.

Para enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.

La medida PS 608 propone enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública a Favor de los Adultos Mayores. El cambio principal es añadir al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Puerto Rico a la lista de agencias a las que las instituciones financieras, cooperativas y compañías de seguros deben hacer un referido cuando sospechen explotación financiera de un adulto mayor. Esto aplica a las instituciones financieras y se activa ante una sospecha razonable de que un adulto mayor está siendo víctima de fraude o malversación de fondos.

Para enmendar los Artículos 3, 8 y 11 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, con el fin de realizar enmiendas técnicas y conformar el lenguaje en las Leyes 130-2024 y 195-2024, y para otros fines relacionados.

La medida PS 92 enmienda la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. Específicamente, modifica la definición de 'abandono' en su Artículo 3 para incluir la falta de contribución, colaboración o diligencia de un familiar o tutor hacia el adulto mayor, y ajusta la numeración de las definiciones. También modifica el Artículo 8, reafirmando al Departamento de la Familia como ente central para el cumplimiento de la ley y detallando la colaboración de otras agencias como la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Afecta directamente a adultos mayores, sus familiares, tutores, cuidadores y a las agencias gubernamentales encargadas de su protección y bienestar.