Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 121 del 3 de julio de 2019, según enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores en Puerto Rico", a los fines de fortalecer la "Línea Dorada" como línea telefónica confidencial para reportar casos de explotación financiera de adultos mayores, integrando protocolos específicos sin creación de nueva infraestructura; garantizar la confidencialidad de los informes; requerir la intervención inmediata del Departamento de la Familia y la coordinación con otras agencias relacionadas, tales como el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta medida el inciso (e) del Artículo 7 de la Ley 121-2019, conocida como la "Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores". Su propósito es fortalecer la "Línea Dorada" para que sirva como un canal especializado y confidencial para reportar casos de explotación financiera de adultos mayores. Esto se logrará integrando protocolos específicos dentro de la operación existente de la Línea Dorada, sin crear nueva infraestructura, y asegurando la intervención inmediata del Departamento de la Familia y la coordinación con agencias como Justicia, la Policía y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. La medida afecta a adultos mayores que puedan ser víctimas de explotación financiera y a las agencias encargadas de su protección.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida busca fortalecer la protección de los adultos mayores contra la explotación financiera, lo cual se inscribe en el marco legal de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. Esta ley, aprobada ante el aumento de casos de negligencia y abuso económico, tipifica el maltrato financiero y busca frenar la vulnerabilidad de esta población, un tema que se ha vuelto más apremiante dado el rápido envejecimiento demográfico de la isla.
En qué va
La medida fue por la Gobernadora el 7 de agosto de 2026, tras haber sido el 22 de enero de 2026 y por la Cámara de Representantes el 22 de junio de 2026.
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Última acción · 7 de agosto de 2026
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