Para enmendar los Artículos 4 y 8 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de establecer el uso obligatorio de un formulario de consentimiento informado en contratos o acuerdos financieros de largo plazo que involucren a personas mayores de sesenta (60) años, establecer penalidades por su incumplimiento; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 8 y 11 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, con el fin de realizar enmiendas técnicas y conformar el lenguaje en las Leyes 130-2024 y 195-2024, y para otros fines relacionados.

La medida PS 92 enmienda la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. Específicamente, modifica la definición de 'abandono' en su Artículo 3 para incluir la falta de contribución, colaboración o diligencia de un familiar o tutor hacia el adulto mayor, y ajusta la numeración de las definiciones. También modifica el Artículo 8, reafirmando al Departamento de la Familia como ente central para el cumplimiento de la ley y detallando la colaboración de otras agencias como la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Afecta directamente a adultos mayores, sus familiares, tutores, cuidadores y a las agencias gubernamentales encargadas de su protección y bienestar.

Para enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.

La medida PS 608 propone enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública a Favor de los Adultos Mayores. El cambio principal es añadir al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Puerto Rico a la lista de agencias a las que las instituciones financieras, cooperativas y compañías de seguros deben hacer un referido cuando sospechen explotación financiera de un adulto mayor. Esto aplica a las instituciones financieras y se activa ante una sospecha razonable de que un adulto mayor está siendo víctima de fraude o malversación de fondos.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de añadir un inciso (ñ) para disponer las facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor respecto al cumplimiento de los descuentos y beneficios reconocidos por ley a las personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 8 de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, para añadir explícitamente al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como una entidad responsable de velar por el cumplimiento de los descuentos y beneficios para personas de edad avanzada. Busca facultar a DACO para fiscalizar, atender querellas, imponer sanciones y coordinar con otras agencias y municipios en esta materia, afectando directamente a DACO, a los adultos mayores que buscan hacer valer sus beneficios, y a los proveedores de servicios sujetos a estos descuentos.