Para enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”; y el Artículo 5 de la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de ampliar y armonizar los términos aplicables a la retención provisional de desembolsos cuando exista conocimiento o sospecha razonable de explotación financiera; preservar las salvaguardas de notificación, referido, emergencia, limitación de la retención e inmunidad de buena fe; disponer sobre prórrogas y revisión judicial; ordenar la atemperación reglamentaria; y para otros fines relacionados

Contras

• •El aumento del plazo máximo de retención de fondos de 15 días a un total potencial de 60 días (30 iniciales + 30 de prórroga) podría generar dificultades financieras a corto plazo para los adultos mayores o con impedimentos que necesiten acceso urgente a esos fondos, incluso si la retención se limita a la transacción sospechosa y se permite desembolsos de emergencia.
• •Aunque se permite una prórroga de hasta 30 días adicionales, esta requiere una solicitud escrita y justificada por una de las agencias notificadas. Si las agencias no actúan o no justifican adecuadamente la necesidad de la prórroga, la retención podría cesar antes de que la investigación esté completa, dejando los fondos vulnerables a la explotación.
• •La medida establece que una retención que exceda los 60 días calendario requerirá una orden judicial. Si bien esto es una salvaguarda, el proceso judicial para obtener dicha orden puede ser prolongado y costoso, lo que podría ser un obstáculo para la protección continua de los fondos en casos que requieran una intervención judicial más ágil.
• •La ley base (Ley 121-2019) y la medida enmiendan el Artículo 18.1, el cual autoriza a las instituciones financieras a retener desembolsos. Sin embargo, el texto no detalla mecanismos de supervisión o auditoría específicos para asegurar que las instituciones financieras apliquen correctamente estos plazos y salvaguardas, ni establece penalidades claras para el incumplimiento de estos nuevos términos extendidos por parte de las instituciones, más allá de la inmunidad de buena fe.