Para enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 7.04(a) de la Ley Núm. 20 - 2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico"; los Artículos 8 y 19 de la Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como" Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores", a los fines de disponer que el Negociado de Investigaciones Especiales, tendrá jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto o institución dedicada al cuido de adultos mayores durante las veinticuatro (24) horas del día o parte de éstas; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública (Ley 20-2017) para otorgar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores. Específicamente, esto aplica cuando la explotación involucre al personal de establecimientos residenciales, hogares sustitutos o instituciones de cuidado de adultos mayores. La ley busca fortalecer la capacidad investigativa del Estado en estos casos, complementando la labor de otras agencias.

Para enmendar los Artículos 3, 8 y 11 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, con el fin de realizar enmiendas técnicas y conformar el lenguaje en las Leyes 130-2024 y 195-2024, y para otros fines relacionados.

La medida PS 92 enmienda la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. Específicamente, modifica la definición de 'abandono' en su Artículo 3 para incluir la falta de contribución, colaboración o diligencia de un familiar o tutor hacia el adulto mayor, y ajusta la numeración de las definiciones. También modifica el Artículo 8, reafirmando al Departamento de la Familia como ente central para el cumplimiento de la ley y detallando la colaboración de otras agencias como la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Afecta directamente a adultos mayores, sus familiares, tutores, cuidadores y a las agencias gubernamentales encargadas de su protección y bienestar.

Para enmendar los Artículos 4 y 8 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de establecer el uso obligatorio de un formulario de consentimiento informado en contratos o acuerdos financieros de largo plazo que involucren a personas mayores de sesenta (60) años, establecer penalidades por su incumplimiento; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 121-2019 para hacer obligatorio el uso de un formulario de consentimiento informado en contratos o acuerdos financieros de largo plazo que involucren a personas mayores de 60 años. Establece penalidades por incumplimiento y busca proteger a este grupo demográfico de prácticas financieras abusivas, asegurando que comprendan los términos y consecuencias de sus acuerdos.