Para enmendar el Artículo 7.04(a) de la Ley Núm. 20 - 2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico"; los Artículos 8 y 19 de la Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como" Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores", a los fines de disponer que el Negociado de Investigaciones Especiales, tendrá jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto o institución dedicada al cuido de adultos mayores durante las veinticuatro (24) horas del día o parte de éstas; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Ley 85-2025 el Artículo 7.04(a) de la Ley 20-2017 para dar al NIE jurisdicción concurrente en casos de explotación financiera de adultos mayores de 60 años cuando esté involucrado personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto o institución de cuido que opere 24 horas al día o parte de estas. Enmienda el Artículo 8 de la Ley 121-2019 para exigir que el NIE colabore activamente con el Departamento de la Familia en la investigación y el procesamiento de esos casos. También enmienda el Artículo 19 para que el Departamento de la Familia y la OPPEA informen esos casos a la Policía o al NIE y coordinen los referidos con el negociado correspondiente. El texto no exige que la víctima resida o reciba servicios en el establecimiento, según señaló el Departamento de Justicia; la ley no crea un delito ni una pena nueva.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el marco legal de protección a los adultos mayores, un área que ha ganado relevancia debido al rápido envejecimiento poblacional de Puerto Rico y el incremento de casos de maltrato financiero. La Ley 121-2019, que esta medida , fue creada para tipificar el maltrato y facilitar órdenes de protección, reconociendo la vulnerabilidad de esta población.
En qué va
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara rindió informe con el 10 de junio de 2025; la Cámara la aprobó el 12 de junio y el Senado, sin enmiendas, el 24 de junio. La Gobernadora la firmó el 30 de julio de 2025 como Ley 85-2025, y está .
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Última acción · 30 de julio de 2025
Ley 85-2025
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (27)
En contra (1)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar el Artículo 18.1, Artículo 8, Artículo 17 y Artículo 18 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores", a los fines de añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.
La Ley 118-2025 enmienda los artículos 18.1, 8(d), 17 y 18 de la Ley 121-2019 para incorporar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en los referidos relacionados con maltrato y explotación financiera de adultos mayores. Las instituciones financieras, cooperativas y aseguradoras que retengan provisionalmente un desembolso deben referir el caso, dentro de cinco días laborables, también al NIE; el límite de retención sigue siendo de quince días, con una posible extensión de diez días o la que autorice un tribunal. La ley ordena al NIE colaborar con Familia en investigaciones y procesamientos por explotación financiera, incluidos casos con personal de establecimientos de cuido. Además, exige que profesionales, funcionarios y cualquier persona que informe sospechas de maltrato dirijan el informe también al NIE.
“Para enmendar el Artículo 7.04(a) de la Ley Núm. 20 del 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso 20 a los fines de disponer que el Negociado de Investigaciones Especiales, tendrá jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto o institución dedicada al cuido de adultos mayores durante las veinticuatro (24) horas del día o parte de éstas; y para otros fines relacionados.”
El Proyecto del Senado 479 buscaba enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública (Ley 20-2017) para otorgar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores. Esto aplicaría específicamente cuando el personal de establecimientos residenciales, hogares sustitutos o instituciones de cuidado de adultos mayores estuviera involucrado en dichos delitos.
Para enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.
La medida PS 608 propone enmendar el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores. El cambio principal es añadir el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a la lista de agencias a las que las instituciones financieras, cooperativas y compañías de seguros deben referir casos de sospecha de explotación financiera de adultos mayores. Esto aplica a las instituciones financieras que retienen fondos por sospecha de fraude contra adultos mayores.
Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de disponer expresamente como indicadores de posible explotación financiera la apropiación, retención, desvío, transferencia, utilización no autorizada o alteración del mecanismo de depósito de pensiones, anualidades, beneficios del Seguro Social, beneficios de retiro, pagos por incapacidad, beneficios recurrentes u otros ingresos periódicos pertenecientes a adultos mayores o adultos con impedimentos; armonizar el Artículo 4 con la derogación de la Ley 206-2008; requerir la revisión de los reglamentos, protocolos y procesos de prevención y detección aplicables; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley 76-2020, conocida como la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos. Busca añadir como indicadores específicos de posible explotación financiera la apropiación, retención, desvío, transferencia o utilización no autorizada de ingresos periódicos (pensiones, beneficios del Seguro Social, etc.) y la alteración del mecanismo de depósito de estos fondos. También armoniza el Artículo 4 de la Ley 76-2020 con la derogación de la Ley 206-2008 y requiere la revisión de reglamentos y protocolos por parte de las agencias reguladoras financieras. Afecta principalmente a adultos mayores y adultos con impedimentos, así como a las instituciones financieras y cooperativas que manejan sus fondos.
Para crear el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrito al Departamento de Justicia; definir sus, facultades, funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; así como enmendar los Artículos 1.03, 1.06, 1.16 y 2.04; derogar el Capítulo 7, reenumerar el actual Capítulo 8 como nuevo Capítulo 7; reenumerar los actuales Artículos 8.01 al 8.07, como los nuevos Artículos 7.01 al 7.07 respectivamente, de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; separando el mismo de este departamento; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa crea el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y lo adscribe al Departamento de Justicia, separándolo del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Enmienda la Ley 20-2017 para eliminar el NIE del DSP, reenumerar capítulos y artículos, y define las facultades, funciones y recursos del nuevo NIE. Afecta directamente a los empleados del NIE, al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Pública y a los ciudadanos bajo investigación por el NIE.
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