Para añadir un nuevo inciso (f) en el Artículo 46 de la Ley 73-2019, según enmendada y conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de eximir expresamente a los asistentes de educación, asistentes de servicios T1 y T2, y los asistentes de remedio provisional del Departamento de Educación del requisito de inscripción en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La Ley 73-2019, en su Artículo 46, otorga al Administrador de la ASG la facultad de eximir a licitadores, proveedores y/o suplidores bajo 'circunstancias especiales'. Al crear una exención específica y automática para un grupo particular de personal, esta medida podría interpretarse como una limitación a la discrecionalidad general del Administrador para evaluar otras 'circunstancias especiales' que pudieran surgir en el futuro para personal similar o bajo diferentes contextos, aunque la medida no deroga la facultad general de exención.
• •El articulado de la medida no especifica un organismo o proceso de auditoría para asegurar que la Administración de Servicios Generales (ASG) cumpla efectivamente con el reembolso de las cuotas cobradas dentro del plazo de 60 días estipulado en la Sección 2, ni establece penalidades por incumplimiento de dicho reembolso.