Para crear la “Ley del Sistema Uniforme de Casos de Explotación Financiera”; establecer un número único de caso y un registro interagencial de coordinación para los referidos de posible explotación financiera contra adultos mayores y adultos con impedimentos; encomendar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service el desarrollo, administración tecnológica, interoperabilidad y seguridad del Sistema; disponer la coordinación de la vertiente investigativa criminal por el Departamento de Seguridad Pública, por conducto del Negociado de Investigaciones Especiales, únicamente dentro de la jurisdicción que le confiere la Ley 20-2017, según enmendada, y demás leyes aplicables; preservar las facultades del Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la Defensoría de las Personas con Impedimentos, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y las entidades reguladoras; establecer normas sobre referido, preservación de evidencia, confidencialidad, seguridad, fiscalización, estadísticas e implantación; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La medida depende en gran medida de la cooperación y la voluntad de las agencias participantes para registrar y actualizar la información en el Sistema Uniforme, y aunque se establecen plazos para la implantación, la efectividad real dependerá de la asignación de recursos y la priorización por parte de cada entidad, sin penalidades claras en el texto para el incumplimiento individual (Art. 22, 25).
• •Aunque se busca evitar la duplicidad, la coordinación de investigaciones criminales concurrentes entre múltiples agencias (NIE, Policía) puede seguir presentando desafíos operativos y de jurisdicción, especialmente si no hay una asignación clara y ágil de la coordinación administrativa en casos complejos, a pesar de que el NIE se designa como coordinador bajo su jurisdicción (Art. 5(h), 7, 10, 11).
• •La efectividad del sistema para proteger a las víctimas y asegurar la recuperación de activos podría verse limitada por las restricciones de confidencialidad y la imposibilidad de incorporar ciertos tipos de información sensible (como Informes de Actividad Sospechosa) directamente en el registro, lo que podría fragmentar la visión completa del caso para algunas agencias (Art. 5, 18, 19).
• •La ley delega la adopción de un Protocolo Interagencial de Operación a las entidades participantes dentro de 120 días, pero no detalla mecanismos de supervisión o resolución de disputas si no logran consensuar dicho protocolo, lo que podría retrasar o afectar la uniformidad de la implementación (Art. 25).