PS 1489

Para establecer la “Ley para la Toma de Decisiones Asistidas”; enmendar el Artículo 100 del Capítulo VII de la la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer y reconocer la toma de decisiones asistida como un mecanismo voluntario, extrajudicial y menos restrictivo para el ejercicio de la capacidad jurídica; reconocer el derecho de toda persona adulta a recibir los apoyos que estime necesarios para comprender información, valorar alternativas, comunicar sus decisiones y ejercer sus derechos y obligaciones; establecer la figura de la persona asistente, sus facultades, deberes y limitaciones; disponer que la designación de la persona asistente se formalizará mediante escritura pública; establecer mecanismos para la modificación, sustitución y revocación de dicha designación; disponer la notificación e inscripción de los instrumentos de toma de decisiones asistida en el Registro General de Competencias Notariales de la Oficina de Inspección de Notarías; facultar a dicha Oficina para expedir certificaciones sobre la existencia y vigencia de estos instrumentos; establecer salvaguardas para prevenir conflictos de interés, influencia indebida, abuso o explotación; disponer que la toma de decisiones asistida no constituye una declaración de incapacidad ni transfiere la capacidad jurídica de la persona asistida; y para otros fines relacionados

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Esta medida legislativa, titulada 'Ley para la Toma de Decisiones Asistidas', el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020). Crea un mecanismo voluntario y extrajudicial para que personas adultas que conservan su capacidad jurídica puedan designar formalmente a una persona de su confianza para que les brinde apoyo en la toma de decisiones. Afecta directamente a adultos que puedan necesitar asistencia para comprender información, evaluar alternativas o comunicar sus decisiones, así como a las personas que designen como asistentes.

Pros

•Establece un mecanismo legal claro y voluntario (escritura pública) para que personas adultas reciban apoyo en la toma de decisiones, promoviendo su autonomía y evitando la necesidad inmediata de tutelas o declaraciones de incapacidad judicial.
•Designa a la Oficina de Inspección de Notarías para mantener un registro de estos instrumentos de toma de decisiones asistidas, facilitando la verificación de su existencia y vigencia por terceros y brindando certeza jurídica.
•Reconoce el derecho de toda persona adulta a recibir los apoyos que estime necesarios para ejercer su capacidad jurídica, alineándose con principios de dignidad humana, autodeterminación y participación efectiva, especialmente para personas con discapacidades.
•Define claramente las facultades, deberes y limitaciones de la persona asistente, enfatizando que no sustituye la voluntad de la persona asistida ni adquiere facultades de representación sin un instrumento jurídico independiente.

Contras

•Aunque la ley establece salvaguardas generales contra abuso e influencia indebida, el articulado no detalla mecanismos específicos de fiscalización o auditoría para asegurar el cumplimiento de los deberes de la persona asistente más allá de la denuncia judicial, lo que podría dejar a personas asistidas vulnerables a la explotación si no buscan activamente protección legal.
•La ley no especifica plazos ni requisitos concretos para la que debe emitir la Oficina de Inspección de Notarías y el Tribunal Supremo, lo que podría retrasar la plena implementación y operación del registro y los procedimientos asociados.
•Si bien se menciona la necesidad de ajustes razonables y medios alternativos de comunicación, la ley no detalla la obligación de las entidades públicas y privadas de proveer formación específica a sus empleados para interactuar adecuadamente con personas que utilizan la toma de decisiones asistida, lo que podría generar barreras prácticas en el reconocimiento y aplicación de estas designaciones.
•El acceso a la certificación de vigencia del instrumento de toma de decisiones asistida, aunque puede ser solicitado por la persona asistida, asistente o mediante orden judicial, podría presentar obstáculos si la persona asistida se encuentra en una situación de vulnerabilidad que le impida iniciar dicho trámite o si el asistente no actúa de buena fe.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas adultas que desean mantener el control sobre sus decisiones vitales pero requieren apoyo para ejercer plenamente su capacidad jurídica, así como a sus familiares y allegados que buscan alternativas menos restrictivas que la tutela.
Preocupa a:: Personas asistidas que podrían enfrentar dificultades para acceder a la justicia o a mecanismos de protección si la persona asistente actúa de forma indebida y no hay una fiscalización proactiva. También preocupa la potencial lentitud en la por parte de las agencias administrativas.
Quién paga o decide:: El costo de los notarios para la formalización de las escrituras recae en las personas que otorgan el instrumento. La implementación y administración del registro recae en la Oficina de Inspección de Notarías. La final para su operación estará a cargo de dicha Oficina y del Tribunal Supremo.

En qué va

La medida, presentada por el Senador Thomas Rivera Schatz (PNP), fue el 24 de septiembre de 2026 en la 4ta. de la 20ma. Asamblea Legislativa.

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Última acción · 24 de septiembre de 2026

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