Para establecer la “Ley para la Toma de Decisiones Asistidas”; enmendar el Artículo 100 del Capítulo VII de la la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer y reconocer la toma de decisiones asistida como un mecanismo voluntario, extrajudicial y menos restrictivo para el ejercicio de la capacidad jurídica; reconocer el derecho de toda persona adulta a recibir los apoyos que estime necesarios para comprender información, valorar alternativas, comunicar sus decisiones y ejercer sus derechos y obligaciones; establecer la figura de la persona asistente, sus facultades, deberes y limitaciones; disponer que la designación de la persona asistente se formalizará mediante escritura pública; establecer mecanismos para la modificación, sustitución y revocación de dicha designación; disponer la notificación e inscripción de los instrumentos de toma de decisiones asistida en el Registro General de Competencias Notariales de la Oficina de Inspección de Notarías; facultar a dicha Oficina para expedir certificaciones sobre la existencia y vigencia de estos instrumentos; establecer salvaguardas para prevenir conflictos de interés, influencia indebida, abuso o explotación; disponer que la toma de decisiones asistida no constituye una declaración de incapacidad ni transfiere la capacidad jurídica de la persona asistida; y para otros fines relacionados
Qué propone
La medida PS 1489 establece la 'Ley para la Toma de Decisiones Asistidas' y el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020). Crea un mecanismo voluntario y extrajudicial para que personas adultas reciban apoyo en la toma de decisiones, sin perder su capacidad jurídica. Afecta a cualquier persona adulta que desee asistencia para comprender información, evaluar alternativas o comunicar sus decisiones, y a quienes designen como asistentes.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La medida PS 1489 fue el 24 de septiembre de 2026 y referida a comisión tras su primera lectura en el Senado el 28 de septiembre de 2026.
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Última acción · 28 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
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Para enmendar los Artículos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119 y 120 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de atemperar las disposiciones sobre capacidad de obrar, incapacitación absoluta o parcial, participación efectiva, apoyos para la toma de decisiones, salvaguardas judiciales y revisión de determinaciones de incapacidad; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1357 propone enmendar varios artículos (100-106, 110, 112-114, 116, 118-120) del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020). Busca actualizar las disposiciones sobre capacidad de obrar, incapacitación, apoyos para la toma de decisiones y salvaguardas. El cambio principal es un giro hacia la presunción de capacidad y la priorización de apoyos menos restrictivos antes de considerar la incapacitación, afectando a personas con discapacidades, condiciones médicas, edad avanzada o dificultades de comunicación, así como a sus representantes legales y al sistema judicial.
Para enmendar los Artículos 321 y 330 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”; enmendar el inciso (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley Notarial de Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 5 de la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de fortalecer las salvaguardas aplicables al otorgamiento, utilización y aceptación de poderes, mandatos y autorizaciones que comprendan facultades sobre cuentas, fondos, productos financieros u otros activos; requerir autorización expresa y específica para determinados actos de especial trascendencia patrimonial; fortalecer los deberes de documentación y separación de bienes del representante; establecer advertencias notariales específicas; incorporar a los protocolos de prevención y detección de explotación financiera procedimientos para la evaluación de estos instrumentos cuando sean utilizados por cuenta de adultos mayores o adultos con impedimentos; proteger la autonomía del poderdante; y para otros fines relacionados.
La medida PS 1486 enmienda el Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020), la Ley Notarial (Ley 75-1987) y la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra Adultos Mayores y con Impedimentos (Ley 76-2020). Busca fortalecer las salvaguardas para el otorgamiento, uso y aceptación de poderes y autorizaciones financieras, exigiendo autorización expresa para actos patrimoniales de alta trascendencia, mejorando deberes de documentación del representante y estableciendo advertencias notariales específicas. Afecta principalmente a poderdantes (quienes otorgan poderes), apoderados (quienes los ejercen), notarios e instituciones financieras que manejan activos de personas naturales, con un enfoque particular en adultos mayores y personas con impedimentos.
Para enmendar los Artículos 97, 98, 389, 406, 411, 580, 595, 655, 658, 682 y 1641; y derogar los Artículos 107, 381, 382 y 639 al 652, ambos inclusive, de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”; y para otros fines relacionados; enmendar el Artículo 2 de la Ley 338-1998, según enmendada, conocida como la “Carta de los Derechos del Niño”; enmendar el Artículo 4 del Código de Comercio de 1932, según enmendado; enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 296-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y Jurisdicción en Casos de Tutela de Adultos de Puerto Rico”; y enmendar los Artículos 1, 2, 4 y 6, enmendar y reenumerar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 como los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 176-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos Significativos, Mayores de 21 Años”, a los fines de establecer la mayoría de edad a los dieciocho (18) años; armonizar el ordenamiento jurídico con dicho cambio y para otros fines relacionados.
Baja la mayoría de edad en Puerto Rico de 21 a 18 años (Art. 97 del Código Civil). Cuando entre en vigor, 120 días después de firmada, quien haya cumplido 18 tendrá plena capacidad civil: podrá contratar, administrar sus bienes, ejercer el comercio y casarse sin permiso de sus padres, y la patria potestad y la tutela por minoridad terminarán ese día de pleno derecho para quien ya tenga 18, 19 o 20 años (Sección 45). Para eso enmienda 30 artículos del Código Civil y deroga 21, entre ellos todo el régimen de emancipación y la regla que hoy permite anular el matrimonio de una persona de 18 a 20 años que se casó sin permiso, y ajusta el Código de Comercio, la Carta de Derechos del Niño, la ley de tutela de adultos y la de servicios a personas con impedimentos significativos. No mueve todo lo que hoy llega a los 21: quien tenga de 18 a 20 conserva su pensión alimentaria sin probar que estudia, ASUME sigue tratando como «menor» a quien no ha cumplido 21, y una cláusula transitoria larga (Sección 42) conserva los servicios de cuidado sustituto, salud, educación especial y los umbrales contributivos que hoy llegan a los 21 o más.
Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de disponer expresamente como indicadores de posible explotación financiera la apropiación, retención, desvío, transferencia, utilización no autorizada o alteración del mecanismo de depósito de pensiones, anualidades, beneficios del Seguro Social, beneficios de retiro, pagos por incapacidad, beneficios recurrentes u otros ingresos periódicos pertenecientes a adultos mayores o adultos con impedimentos; armonizar el Artículo 4 con la derogación de la Ley 206-2008; requerir la revisión de los reglamentos, protocolos y procesos de prevención y detección aplicables; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley 76-2020, conocida como la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos. Busca añadir como indicadores específicos de posible explotación financiera la apropiación, retención, desvío, transferencia o utilización no autorizada de ingresos periódicos (pensiones, beneficios del Seguro Social, etc.) y la alteración del mecanismo de depósito de estos fondos. También armoniza el Artículo 4 de la Ley 76-2020 con la derogación de la Ley 206-2008 y requiere la revisión de reglamentos y protocolos por parte de las agencias reguladoras financieras. Afecta principalmente a adultos mayores y adultos con impedimentos, así como a las instituciones financieras y cooperativas que manejan sus fondos.
Para enmendar los Artículos 103 y 105 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la validez, eficacia e impugnabilidad de los actos jurídicos realizados por personas sujetas a procesos de incapacitación absoluta o parcial; distinguir los efectos jurídicos de la ausencia total de discernimiento y de los vicios de la voluntad; y para otros fines relacionados.
Enmienda los Artículos 103 y 105 del Código Civil. Para los actos de personas sujetas a incapacitación absoluta, mantiene la presunción de validez si actuaron lúcidamente y el tercero desconocía su condición y era de buena fe, pero aclara que esa presunción no impide impugnarlos si se prueba un vicio de la voluntad. Para las personas parcialmente incapaces de los incisos (b), (c), (d) y (e) del artículo anterior, añade que los actos anteriores a la sentencia pueden impugnarse si se prueba ausencia total de discernimiento; también aclara que la lesión grave en actos posteriores a la citación y el emplazamiento es una causa adicional, no la única. No elimina una causa de impugnación y entraría en vigor inmediatamente después de aprobarse.
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