“Para crear la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía (Ombudsman) y el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía (Ombudsman), con capacidad jurídica independiente y poderes investigativos y fiscalizadores, disponer su organización, funcionamiento, autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal establecer sus deberes, facultades y los procedimientos para atender, tramitar y solucionar reclamaciones, quejas, agravios y querellas, fijar penalidades, derogar la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, que crea la Oficina del Procurador del Ciudadano; y para transferir sus deberes y responsabilidades, fondos, equipo, expedientes y personal a la nueva Oficina.”
Qué propone
La medida propone crear la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía (Ombudsman) y el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía, dotándola de personalidad jurídica independiente y amplios poderes investigativos y fiscalizadores. Sustituye la Ley Núm. 134 de 1977, transfiriendo deberes, fondos y personal a la nueva entidad. Busca mejorar la confianza ciudadana en el gobierno mediante la investigación de actos y omisiones de agencias, incluyendo entidades que reciben fondos públicos o participan en .
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el contexto histórico de la corrupción gubernamental en Puerto Rico, que ha afectado a administraciones de ambos partidos principales. La creación de una oficina con poderes investigativos y fiscalizadores busca restaurar la confianza ciudadana, erosionada por los escándalos de corrupción que han llevado a la intervención federal como principal mecanismo de rendición de cuentas.
En qué va
La medida, Proyecto del Senado 1492, fue el 28 de septiembre de 2026 y referida a comisión en el Senado de Puerto Rico. Actualmente se encuentra en trámite legislativo.
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Última acción · 28 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar ios articulos 18 y 19, suprimir el Articulo 26, y reenumerar los actuaies articulos 27,28 y 29, como los articulos 26, 27 y 28, respectivamente, de la Ley Núm. 134 de 30 junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines de ampliar los poderes que ostenta dicho funcionario para poner en vigor las disposiciones de esta Ley; concederle la facultad para investigar, instrumentar y procesar las infracciones a las mismas y para que pueda representar en los tribunales de justicia de Puerto Rico a los ciudadanos perjudicados por las violaciones a éstas; crear un Fondo Especial bajo la responsabilidad del Ombudsman, el cual podrá ser utilizado para facilitar la prestación de servicios a la población que atiende; proveer para la promulgación de aquellas reglas y reglamentos, cartas circulares o determinaciones administrativas que sean necesarias para poner en vigor lo aqui dispuesto; y, para otros fines relacionados.
La medida PS 195 propone enmendar la Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) de 1977 para ampliar sus poderes. Específicamente, le otorga la facultad de investigar, instrumentar y procesar infracciones a la ley, y de representar a ciudadanos perjudicados ante los tribunales. Además, crea un Fondo Especial para la Oficina del Ombudsman, financiado con multas impuestas bajo la ley, para facilitar la prestación de servicios a la ciudadanía y cubrir gastos operacionales. La medida afecta a ciudadanos que puedan ser perjudicados por violaciones a la ley y a las agencias gubernamentales.
“Para enmendar el Artículo 6.42 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; insertar un nuevo artículo 29 y renumerar el actual artículo 29 como el nuevo artículo 30 a la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada; para crear la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman); y para otros fines relacionados.”
El Proyecto del Senado 313 buscaba enmendar la Ley 57-2014 y la Ley 134-1977 para crear la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y transferirle las funciones, personal y presupuesto de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). El propósito declarado era optimizar recursos y agilizar servicios al ciudadano, integrando la protección de consumidores de energía, telecomunicaciones y transporte bajo la sombrilla del Ombudsman.
Para crear la “Ley de Límites a las Designaciones y Delegaciones Mediante Orden Ejecutiva”; delimitar las facultades que el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico podrá encomendar a una persona designada mediante orden ejecutiva o cualquier otro documento oficial; disponer que tales encomiendas se limitarán a funciones de asesoramiento, coordinación, recopilación de información, seguimiento, documentación y recomendación no vinculante; prohibir que dichos documentos creen cargos, oficinas, entidades o poderes que requieran autorización legislativa, eludan requisitos de nombramiento o invadan facultades conferidas por la ley o la Constitución a otros funcionarios u organismos; establecer requisitos de publicidad, especificidad, duración, transparencia, incompatibilidad y rendición de cuentas; disponer la nulidad de las actuaciones incompatibles; y para otros fines relacionados.
Crea la Ley de Límites a las Designaciones y Delegaciones Mediante Orden Ejecutiva, aplicable a personas con títulos o encomiendas especiales que no correspondan a cargos creados por la Constitución o por ley; también cubre encomiendas verbales que una instrumentalidad ejecute o reconozca, pero excluye ciertos nombramientos ex officio a comités. Limita esas encomiendas a asesoramiento, coordinación, recopilación de información, seguimiento y recomendaciones no vinculantes, y prohíbe que las personas designadas ejerzan facultades como adjudicar, intervenir en contratos o subastas, controlar fondos o personal, o sustituir a funcionarios con autoridad legal. Exige publicar la designación y sus enmiendas, con información sobre autoridad, funciones, recursos y supervisión, y remitirlas a la Asamblea Legislativa dentro de 5 días laborables; requiere informes públicos trimestrales y que la designación dure como máximo 12 meses, aunque puede renovarse. También exige informes financieros incluso para designaciones sin paga, dispone suspensión automática si no se presentan, ordena revisar las designaciones vigentes en 60 días e informar su inventario a la Asamblea Legislativa en 90 días; las actuaciones incompatibles serían nulas y la ley entraría en vigor inmediatamente luego de su aprobación.
Para enmendar los Artículos 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 7.1 y 7.2 de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de fortalecer la función preventiva y fiscalizadora de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico con miras a continuar fomentando una ética de excelencia; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para fortalecer sus funciones preventivas y fiscalizadoras. Amplía definiciones clave como 'conflicto de intereses' y 'beneficio', clarifica prohibiciones sobre nepotismo y la intervención de exservidores públicos, y actualiza procedimientos para Comités de Ética y la presentación de informes financieros. Afecta a todos los servidores públicos, la OEG, y la ciudadanía al buscar mayor transparencia y rendición de cuentas.
Para crear la “Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; establecer el “Registro de Personas Convictas por Corrupción”; crear el “Grupo Interagencial Anticorrupción”; enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1954, según enmendada; derogar la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada; derogar la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; se deroga la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; eliminar el inciso (u) del Artículo 18, se derogan los Artículos 48, 49 y 50 y se reenumeran los actuales Artículos 51 al 99 como los Artículos 48 al 96 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”; a los fines de establecer la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) con plena independencia y autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y exservidores públicos bajo la jurisdicción de este estatuto; reestructurar la autoridad para prevenir, investigar y procesar las denuncias o querellas por violentar la ética gubernamental; centralizar la investigación, litigación y procesamiento de crímenes de corrupción y violaciones a la ética gubernamental; adscribir la facultad de preintervención mediante auditorías sobre la operación gubernamental y prevenir conducta contraria al interés público antes de que se consume el acto delictivo; adscribir el Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados bajo la custodia de esta entidad; crear la figura del Fiscal de Corrupción Pública y el Fiscal Especial Independiente, su jurisdicción y funciones; establecer medidas transitorias; y para otros fines.
Esta medida legislativa crea la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional. Su propósito es centralizar la prevención, investigación, litigación y procesamiento de delitos de corrupción y violaciones a la ética gubernamental cometidos por servidores y exservidores públicos. La ley deroga la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la Ley del Inspector General y la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, consolidando sus funciones en la nueva OAIP. Establece un Registro de Personas Convictas por Corrupción y crea las figuras del Director de la OAIP y Fiscales de Corrupción Pública, con procesos de nombramiento y confirmación específicos.
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