“Para crear la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía (Ombudsman) y el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía (Ombudsman), con capacidad jurídica independiente y poderes investigativos y fiscalizadores, disponer su organización, funcionamiento, autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal establecer sus deberes, facultades y los procedimientos para atender, tramitar y solucionar reclamaciones, quejas, agravios y querellas, fijar penalidades, derogar la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, que crea la Oficina del Procurador del Ciudadano; y para transferir sus deberes y responsabilidades, fondos, equipo, expedientes y personal a la nueva Oficina.”

Contras

• •La derogación total de la Ley Núm. 134 de 1977 elimina explícitamente las disposiciones sobre la Oficina del Procurador del Ciudadano existente, y aunque se crea una nueva oficina, se pierde la continuidad de las protecciones y procedimientos específicos que regían bajo la ley anterior, a menos que sean reproducidos en la nueva ley.
• •La ley anterior (Ley 134-1977) no incluía explícitamente la fiscalización del uso de fondos públicos en ONGs o entidades bajo Alianzas Público-Privadas. Si bien la nueva ley amplía la jurisdicción, la ley derogada no ofrecía esta protección, por lo que no es una pérdida directa de una protección existente, sino una ganancia de la nueva ley.
• •La ley derogada (Ley 134-1977) no contenía una disposición similar a la sanción presupuestaria discrecional del Gobernador, por lo que la ausencia de esta herramienta en la ley anterior no constituye una pérdida, sino que la nueva ley introduce un mecanismo que podría ser limitado en su aplicación.
• •La ley derogada (Ley 134-1977) no contemplaba la jurisdicción sobre ONGs o Alianzas Público-Privadas. La nueva ley amplía esta jurisdicción, pero la ley anterior no ofrecía esta protección, por lo que no es una pérdida de protección, sino una ganancia de la nueva ley.