Para enmendar los Artículos 2 y 13 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, a los fines de actualizar la política pública sobre el acceso a los servicios gubernamentales; añadir un nuevo Artículo 9-A a dicha Ley para crear la Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico y el establecimiento de un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos coordinado centralmente por la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS); enmendar los Artículos 3 y 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”; disponer sobre el aprovechamiento de la infraestructura comunitaria ya existente y de fondos estatales y federales disponibles para estos propósitos; ordenar el desarrollo de programas de alfabetización digital dirigidos prioritariamente a las personas de edad avanzada; establecer mecanismos de financiamiento, medición y rendición de cuentas; y para otros fines relacionados.

Contras

• •Aunque la medida busca evitar mandatos sin financiamiento, el articulado no detalla los mecanismos específicos de asignación presupuestaria ni establece un presupuesto inicial concreto para la operación de la Alianza y la implementación del Protocolo, más allá de la procuración de fondos federales.
• •La efectividad del Protocolo Uniforme de Servicios Alternos y los programas de alfabetización digital dependerá en gran medida de la capacidad de PRITS y la Alianza para coordinar efectivamente a múltiples agencias, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, lo cual puede presentar desafíos operativos y de cumplimiento.
• •El texto no especifica métricas claras ni plazos concretos para la evaluación del éxito o el impacto de los programas de alfabetización digital ni del Protocolo Uniforme de Servicios Alternos, más allá de la obligación de PRITS de someter un informe anual sobre el progreso.
• •La medida delega la definición del contenido específico del Protocolo Uniforme de Servicios Alternos a la recomendación de la Alianza a PRITS, y posteriormente a la adopción por reglamento de PRITS. Si bien esto permite flexibilidad, la ausencia de directrices más detalladas en la ley sobre los servicios mínimos o estándares de tiempo de espera podría resultar en variaciones significativas en la calidad y accesibilidad de los servicios alternos ofrecidos por las agencias.