PS 746

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 7; y añadir un nuevo Artículo 5-A de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation…

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“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 7; y añadir un nuevo Artículo 5-A de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)”, a los fines de crear la Junta Adjudicativa de Tecnología; fijar su composición, términos, cualificaciones, funcionamiento y compensación; traspasar a dicha Junta las aprobaciones de proyectos, contrataciones y compras de tecnología requeridas o delegadas en PRITS; redefinir las funciones del Principal Ejecutivo de Innovación e Información (PEII); fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de evaluación tecnológica; ajustar disposiciones sobre la creación y organización de PRITS; y para otros fines relacionados.”

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El P. del S. 746 los artículos 2, 3, 4, 5 y 7 de la Ley 75-2019, y añade el artículo 5-A para crear una Junta Adjudicativa de Tecnología de tres miembros a tiempo completo y con dedicación exclusiva. La Junta podría aprobar, denegar o condicionar las autorizaciones tecnológicas que hoy corresponden a PRITS, y tendría que publicar resoluciones con fundamentos y matrices de evaluación; sus decisiones incorporarían informes obligatorios de un Comité Técnico Evaluador y las agencias tendrían que pedir interna antes de acudir al tribunal. Los presidentes del Senado y de la Cámara nombrarían un miembro cada uno; el Gobernador nombraría el tercero con consejo y consentimiento del Senado. Los miembros tendrían términos de siete años y compensación equivalente a la de jueces del Tribunal de Apelaciones; además, el PEII tendría un término fijo de diez años y PRITS dejaría de estar expresamente adscrita a la Oficina del Gobernador. La medida también cambia las reglas de personal de PRITS para referirlas a la Ley 8-2017 y dispone que la Junta reciba apoyo y recursos presupuestarios para operar.

Pros

•Las decisiones finales sobre proyectos y contratos tecnológicos tendrían que publicarse con sus fundamentos de hecho y de derecho y las matrices de evaluación. Esto añade transparencia para las agencias, los proveedores y la ciudadanía: la ley requiere que PRITS emita recomendaciones y estándares por escrito, pero no exige que publique sus determinaciones finales con ese nivel de detalle.
•La Junta tendría que recibir y evaluar informes del Comité Técnico Evaluador, especializado en arquitectura, interoperabilidad, ciberseguridad y manejo de datos. Así, las agencias cuyas propuestas tecnológicas se evalúen tendrían por ley un insumo técnico obligatorio en el proceso, en vez de depender únicamente de la revisión de PRITS sin que la Ley 75-2019 exija ese informe especializado.

Contras

•El proyecto asigna las aprobaciones a la Junta, pero no los artículos 6, 15 y 16 de la Ley 75-2019, que todavía atribuyen a PRITS facultades de revisión y aprobación y exigen su revisión previa en ciertos contratos y propuestas tecnológicas. Queda sin aclarar si PRITS conserva una aprobación concurrente, si su función se limita a comentar o si la Junta sustituye esas facultades; PRITS se opuso por el riesgo de fragmentación y retrasos. Además, la interna sería un paso previo a la revisión judicial por una agencia y el texto no fija plazos para resolverla.
•El diseño cambia el balance de gobernanza: elimina la adscripción expresa de PRITS a la Oficina del Gobernador y fija un término de diez años para el PEII. En la Junta, dos de los tres nombramientos los hacen los presidentes legislativos, sin que el proyecto exija confirmación del Senado para esos dos nombramientos; los términos de siete años permiten que sus integrantes permanezcan hasta que lleguen sus sucesores, y la ley no establece términos iniciales escalonados. PRITS advirtió que los cambios de adscripción y término podrían debilitar la coordinación con el Gobernador.
•La operación crea tres puestos exclusivos con paga equivalente a la de jueces del Tribunal de Apelaciones y exige personal técnico, legal y administrativo y recursos presupuestarios. El proyecto no especifica una suma, una fuente de fondos ni un límite de gasto, aunque dispone que PRITS provea apoyo y que el PEII no pueda alterar los recursos asignados a la Junta. AAFAF dijo que no podía favorecer la medida sin un análisis fiscal oficial de la OPAL y alternativas de financiamiento; PRITS también advirtió sobre costos adicionales.
•El artículo 7 ordena que el personal de PRITS se rija por disposiciones de la Ley 8-2017. OATRH indicó que, bajo el marco , PRITS está exenta de esa ley y de los de OATRH, aunque debe observar el principio de mérito. La medida no aclara si pretende cambiar esa por completo o aplicar solo ciertas disposiciones, lo que puede generar incertidumbre sobre las reglas de reclutamiento y administración de personal.

Intereses en juego

Beneficia a:: La Junta recibe la autoridad decisional y sus tres integrantes obtendrían puestos a tiempo completo con compensación equivalente a la de jueces del Tribunal de Apelaciones. Las agencias y el público podrían consultar resoluciones tecnológicas con fundamentos y matrices de evaluación.
Preocupa a:: PRITS pierde la decisión final que la ley le asigna y deja de estar expresamente adscrita a la Oficina del Gobernador. Las agencias que necesiten aprobar proyectos o contratos tecnológicos enfrentan una nueva Junta y interna sin plazos legales; el presupuesto público asumiría el costo de la nueva estructura.
Quién paga o decide:: El costo recaería sobre fondos públicos: PRITS debe brindar apoyo administrativo y la Junta debe contar con personal y recursos presupuestarios, pero la medida no fija una cuantía ni una fuente específica. Los presidentes del Senado y de la Cámara nombran dos miembros; el Gobernador nombra el tercero con consentimiento del Senado y también nombra al PEII con consentimiento del Senado.

En qué va

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado recomendó aprobar la medida el 12 de noviembre de 2025. El Senado la aprobó con el 13 de noviembre; la Cámara la recibió y la refirió a comisión el 17 de noviembre de 2025.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 17 de noviembre de 2025

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 20 (71%)En contra: 6 (21%)Ausente: 2 (7%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

13 de noviembre de 2025

20 A favor6 En contra2 Ausente

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Qué propone

Pros

•Las decisiones finales sobre proyectos y contratos tecnológicos tendrían que publicarse con sus fundamentos de hecho y de derecho y las matrices de evaluación. Esto añade transparencia para las agencias, los proveedores y la ciudadanía: la ley requiere que PRITS emita recomendaciones y estándares por escrito, pero no exige que publique sus determinaciones finales con ese nivel de detalle.
•La Junta tendría que recibir y evaluar informes del Comité Técnico Evaluador, especializado en arquitectura, interoperabilidad, ciberseguridad y manejo de datos. Así, las agencias cuyas propuestas tecnológicas se evalúen tendrían por ley un insumo técnico obligatorio en el proceso, en vez de depender únicamente de la revisión de PRITS sin que la Ley 75-2019 exija ese informe especializado.

Contras

•El proyecto asigna las aprobaciones a la Junta, pero no los artículos 6, 15 y 16 de la Ley 75-2019, que todavía atribuyen a PRITS facultades de revisión y aprobación y exigen su revisión previa en ciertos contratos y propuestas tecnológicas. Queda sin aclarar si PRITS conserva una aprobación concurrente, si su función se limita a comentar o si la Junta sustituye esas facultades; PRITS se opuso por el riesgo de fragmentación y retrasos. Además, la interna sería un paso previo a la revisión judicial por una agencia y el texto no fija plazos para resolverla.
•El diseño cambia el balance de gobernanza: elimina la adscripción expresa de PRITS a la Oficina del Gobernador y fija un término de diez años para el PEII. En la Junta, dos de los tres nombramientos los hacen los presidentes legislativos, sin que el proyecto exija confirmación del Senado para esos dos nombramientos; los términos de siete años permiten que sus integrantes permanezcan hasta que lleguen sus sucesores, y la ley no establece términos iniciales escalonados. PRITS advirtió que los cambios de adscripción y término podrían debilitar la coordinación con el Gobernador.
•La operación crea tres puestos exclusivos con paga equivalente a la de jueces del Tribunal de Apelaciones y exige personal técnico, legal y administrativo y recursos presupuestarios. El proyecto no especifica una suma, una fuente de fondos ni un límite de gasto, aunque dispone que PRITS provea apoyo y que el PEII no pueda alterar los recursos asignados a la Junta. AAFAF dijo que no podía favorecer la medida sin un análisis fiscal oficial de la OPAL y alternativas de financiamiento; PRITS también advirtió sobre costos adicionales.
•El artículo 7 ordena que el personal de PRITS se rija por disposiciones de la Ley 8-2017. OATRH indicó que, bajo el marco , PRITS está exenta de esa ley y de los de OATRH, aunque debe observar el principio de mérito. La medida no aclara si pretende cambiar esa por completo o aplicar solo ciertas disposiciones, lo que puede generar incertidumbre sobre las reglas de reclutamiento y administración de personal.

Intereses en juego

Beneficia a:: La Junta recibe la autoridad decisional y sus tres integrantes obtendrían puestos a tiempo completo con compensación equivalente a la de jueces del Tribunal de Apelaciones. Las agencias y el público podrían consultar resoluciones tecnológicas con fundamentos y matrices de evaluación.
Preocupa a:: PRITS pierde la decisión final que la ley le asigna y deja de estar expresamente adscrita a la Oficina del Gobernador. Las agencias que necesiten aprobar proyectos o contratos tecnológicos enfrentan una nueva Junta y interna sin plazos legales; el presupuesto público asumiría el costo de la nueva estructura.
Quién paga o decide:: El costo recaería sobre fondos públicos: PRITS debe brindar apoyo administrativo y la Junta debe contar con personal y recursos presupuestarios, pero la medida no fija una cuantía ni una fuente específica. Los presidentes del Senado y de la Cámara nombran dos miembros; el Gobernador nombra el tercero con consentimiento del Senado y también nombra al PEII con consentimiento del Senado.

En qué va

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