Para añadir un nuevo Artículo 71-A a la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de establecer normas para la facturación, pago y reclamación del ajuste por combustible aplicable al transporte de carga; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Añade el Artículo 71-A a la Ley 109-1962 para servicios de carga en los que el Negociado ya haya autorizado un ajuste por combustible; no crea un ajuste nuevo ni cambia sus tarifas o fórmulas. Si el transportista decide cobrarlo, deberá separarlo en la factura y ofrecer datos para verificar el cálculo, como la tarifa base, la unidad de servicio y la fórmula utilizada; el Negociado deberá publicar la información para calcularlo. Si se calcula y factura correctamente, el ajuste queda sujeto al pago dentro de los 15 días que ya dispone el Artículo 71, y quien lo objete deberá explicar por escrito su objeción dentro de ese término; la cantidad no controvertida sigue venciendo. Crea un trámite administrativo específico, con notificación en 5 días laborables, 10 días para contestar y una resolución dentro de 60 días desde que el asunto quede sometido, prorrogable una vez hasta 30 días por justa causa; el Negociado tendrá 60 días desde la aprobación para adoptar las reglas y formularios. No elimina disposiciones vigentes y aplicaría a servicios prestados desde su vigencia, sin alterar contratos ni facturas anteriores.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La medida fue el 1 de octubre de 2026, apareció en Primera Lectura del Senado el 5 de octubre y ese día fue referida a comisión o comisiones. Al 8 de octubre de 2026, aparece .
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Última acción · 5 de octubre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Sección 3030.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de establecer un reintegro temporero de arbitrios sobre combustible diésel para transportistas de carga cualificados; y para otros fines relacionados.
Enmienda la Sección 3030.02 del Código de Rentas Internas para crear un reintegro temporero de los arbitrios aplicables al diésel que transportistas cualificados compren y paguen para uso exclusivo en vehículos de carga elegibles. Incluye camiones de 10,001 libras o más y, sin importar el peso, vehículos comerciales sujetos a rotulación por transportar materiales peligrosos; el programa duraría 24 meses desde que Hacienda certifique que está operativo. Las solicitudes serían mensuales, con facturas y evidencia de pago, y tendrían que presentarse dentro de 120 días del cierre del mes; Hacienda tendría hasta 30 días para decidir una solicitud completa y los reintegros dependerían de fondos presupuestarios disponibles. No elimina una disposición vigente; además, requiere implantación en 60 días e informes a la Legislatura cada seis meses durante la vigencia del programa.
Para establecer la “Ley de Alivio Temporero de Aranceles para Transportistas de Carga”, a los fines de reducir temporeramente determinados cánones, aranceles y cuotas de procesamiento vinculados a renovaciones ante el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; y para otros fines relacionados.
Crea una reducción temporera para transportistas con franquicias vigentes en las modalidades enumeradas: en una renovación elegible, reduce en 50% el canon de la franquicia y el de cada vehículo de carga cualificado, además de la cuota de procesamiento atribuible. También reduce en 50% el arancel y la cuota de procesamiento de una renovación del Endoso de Materiales Peligrosos (H) para cada operador cualificado; cada franquicia, vehículo y operador puede recibir el beneficio una sola vez durante el programa de 36 meses. El período comienza cuando el Negociado active el beneficio o al concluir los 60 días desde la aprobación, lo que ocurra primero; la ley no extiende autorizaciones ni elimina multas, deudas, inspecciones, seguros u otros requisitos sustantivos. Si los datos de elegibilidad ya constan en los registros del Negociado, no se puede exigir una solicitud aparte; la agencia debe mostrar el descuento antes del pago y rendir informes fiscales periódicos.
Para enmendar los incisos (a) y (nn) del Artículo 2; y el inciso (c) del Artículo 39 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de modificar la aplicabilidad de la figura del porteador por contrato, y para otros fines relacionados.
La medida PS 1020 propone enmendar la Ley Núm. 109 de 1962, conocida como Ley de Servicio Público, para modificar la definición y aplicabilidad de la figura del 'porteador por contrato'. Específicamente, busca delimitar que esta figura solo aplique a vehículos que no se consideren 'Vehículo de Motor Comercial' o 'Vehículo de Transporte Comercial', y extiende la aplicación de ciertas disposiciones del Artículo 38 a estos porteadores. El objetivo es clarificar la distinción entre porteadores públicos y por contrato en el transporte de carga comercial.
Para enmendar el Artículo 1.3, el inciso (f) del Artículo 6.3, el inciso (b) del Artículo 6.4 y el inciso (b) del Artículo 6.24 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, a los fines de definir el término “suplidor de combustible para generación”; conferir al Negociado de Energía de Puerto Rico jurisdicción regulatoria, investigativa y adjudicativa sobre dichos suplidores; facultarlo a certificarlos, a requerirles información y a fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones de suministro y los costos que de ellas se trasladen a los consumidores; ordenarle la adopción de una política de gestión del riesgo de precio y suministro de combustible; y para otros fines relacionados.
Enmienda los artículos 1.3, 6.3, 6.4 y 6.24 de la Ley 57-2014 para definir como suplidor de combustible para generación a quien, por contrato con las entidades energéticas enumeradas, venda, suministre, transporte, reciba, almacene o regasifique combustible para generar electricidad, e incluye a afiliadas que controlen infraestructura de recibo, almacenamiento o entrega. Da al Negociado de Energía jurisdicción regulatoria, investigativa y adjudicativa sobre esos suplidores; le permite certificarlos y requerir directamente datos sobre nominaciones, entregas, mediciones, facturas, créditos e infraestructura, y atender controversias de suministro cuando afecten la confiabilidad o los costos al consumidor. Ordena una política de gestión del riesgo de precio y suministro, revisada al menos una vez al año, que considere diversificar suplidores y rutas, acceso abierto a infraestructura y contratos físicos a plazo; permite coberturas financieras acotadas solo si el análisis de costo y beneficio y la condición financiera lo justifican, sin obligar a comprar futuros. El Negociado debe establecer el procedimiento de certificación y adoptar esa política en o antes del 31 de mayo de 2027; desde 180 días después de la vigencia de la ley, someterse a su jurisdicción será condición para suplir combustible al sistema. La medida no elimina disposiciones vigentes, y dice que no altera los términos ni los mecanismos de resolución de controversias de contratos de suministro ya vigentes.
Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Emergencia”, con el propósito de establecer que dicho Fondo podrá ser utilizado para mitigar los ajustes trimestrales asociados a los costos de compra de combustible reconocidos por el Negociado de Energía que representen un aumento en la factura de la energía eléctrica; y para otros fines relacionados.
Enmienda el Artículo 3 de la Ley del Fondo de Emergencia para autorizar el uso del Fondo en mitigar ajustes trimestrales por costos de compra de combustible reconocidos por el Negociado de Energía que aumenten la factura eléctrica. Añade así una excepción expresa a las restricciones vigentes sobre el uso del Fondo para actividades o servicios ordinarios; no elimina otros apartados del artículo. La autorización no fija una cantidad máxima, un plazo de expiración ni una condición de declaración de emergencia; el Artículo 6 sigue exigiendo una resolución del Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda. Como justificación, la Exposición de Motivos atribuye al periodo del 1 de junio al 31 de agosto de 2026 costos de combustible de $627,151,977.11, facturación de $486,464,080.15 y un crédito de $9,037,562.02, para un costo no recuperado de $131,650,334.94; esa cifra no es un tope establecido por el articulado.
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