Para establecer la “Ley de Alivio Temporero de Aranceles para Transportistas de Carga”, a los fines de reducir temporeramente determinados cánones, aranceles y cuotas de procesamiento vinculados a renovaciones ante el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Crea una reducción temporera para transportistas con franquicias en las modalidades enumeradas: en una renovación elegible, reduce en 50% el canon de la franquicia y el de cada vehículo de carga cualificado, además de la cuota de procesamiento atribuible. También reduce en 50% el arancel y la cuota de procesamiento de una renovación del Endoso de Materiales Peligrosos (H) para cada operador cualificado; cada franquicia, vehículo y operador puede recibir el beneficio una sola vez durante el programa de 36 meses. El período comienza cuando el Negociado active el beneficio o al concluir los 60 días desde la aprobación, lo que ocurra primero; la ley no extiende autorizaciones ni elimina multas, deudas, inspecciones, seguros u otros requisitos sustantivos. Si los datos de elegibilidad ya constan en los registros del Negociado, no se puede exigir una solicitud aparte; la agencia debe mostrar el descuento antes del pago y rendir informes fiscales periódicos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el contexto histórico del transporte público en Puerto Rico, particularmente en el sistema de porteadores públicos o carros públicos que, regulado por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, ha sufrido una severa contracción económica. La reducción de aranceles busca aliviar la carga financiera de estos operadores, quienes enfrentan el envejecimiento de sus filas y la falta de subsidios gubernamentales, en un intento por fortalecer un componente esencial del transporte colectivo fuera de la zona metropolitana.
En qué va
La medida fue el 1 de octubre de 2026. Apareció en Primera Lectura del Senado y fue referida a comisión el 5 de octubre; permanece .
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Última acción · 5 de octubre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Sección 3030.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de establecer un reintegro temporero de arbitrios sobre combustible diésel para transportistas de carga cualificados; y para otros fines relacionados.
Enmienda la Sección 3030.02 del Código de Rentas Internas para crear un reintegro temporero de los arbitrios aplicables al diésel que transportistas cualificados compren y paguen para uso exclusivo en vehículos de carga elegibles. Incluye camiones de 10,001 libras o más y, sin importar el peso, vehículos comerciales sujetos a rotulación por transportar materiales peligrosos; el programa duraría 24 meses desde que Hacienda certifique que está operativo. Las solicitudes serían mensuales, con facturas y evidencia de pago, y tendrían que presentarse dentro de 120 días del cierre del mes; Hacienda tendría hasta 30 días para decidir una solicitud completa y los reintegros dependerían de fondos presupuestarios disponibles. No elimina una disposición vigente; además, requiere implantación en 60 días e informes a la Legislatura cada seis meses durante la vigencia del programa.
Para añadir un nuevo Artículo 71-A a la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de establecer normas para la facturación, pago y reclamación del ajuste por combustible aplicable al transporte de carga; y para otros fines relacionados.
Añade el Artículo 71-A a la Ley 109-1962 para servicios de carga en los que el Negociado ya haya autorizado un ajuste por combustible; no crea un ajuste nuevo ni cambia sus tarifas o fórmulas. Si el transportista decide cobrarlo, deberá separarlo en la factura y ofrecer datos para verificar el cálculo, como la tarifa base, la unidad de servicio y la fórmula utilizada; el Negociado deberá publicar la información vigente para calcularlo. Si se calcula y factura correctamente, el ajuste queda sujeto al pago dentro de los 15 días que ya dispone el Artículo 71, y quien lo objete deberá explicar por escrito su objeción dentro de ese término; la cantidad no controvertida sigue venciendo. Crea un trámite administrativo específico, con notificación en 5 días laborables, 10 días para contestar y una resolución dentro de 60 días desde que el asunto quede sometido, prorrogable una vez hasta 30 días por justa causa; el Negociado tendrá 60 días desde la aprobación para adoptar las reglas y formularios. No elimina disposiciones vigentes y aplicaría a servicios prestados desde su vigencia, sin alterar contratos ni facturas anteriores.
Para añadir la Sección 4030.29 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de establecer una exención del Impuesto sobre Ventas y Uso para determinadas compras y servicios de transportistas de carga cualificados; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1499 añadiría la Sección 4030.29 al Código de Rentas Internas para eximir del IVU ciertas piezas y servicios de mantenimiento, reparación y seguridad adquiridos por transportistas de carga cualificados. Para cualificar, el transportista tendría que tener autorización vigente, estar inscrito en el Registro de Comerciantes y estar al día con Hacienda o cumplir un plan de pago; el vehículo tendría que usarse para transportar carga mediante paga y tener un peso bruto vehicular o combinado de al menos 10,001 libras. La exención cubriría, entre otras partidas enumeradas, neumáticos, baterías, piezas y fluidos, pero no combustibles, vehículos personales ni compras para reventa; incluiría remolques autorizados y dueño-operadores con una sola unidad. Hacienda y el Negociado de Transporte tendrían hasta 60 días después de la aprobación para preparar la implantación, y la exención comenzaría a aplicarse a los 60 días; no elimina requisitos contributivos vigentes ni establece un límite máximo o fecha de expiración para el beneficio.
Para enmendar el Artículo 23.01 de la Ley Núm. 22 de 2000, según enmendada por la Ley Núm. 102 de 2022, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de hacer automático el Incentivo de Responsabilidad Vial, eliminando la necesidad de presentación física de certificaciones por parte del conductor y estableciendo un procedimiento integrado en los sistemas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para su verificación y aplicación durante el proceso de renovación de licencias vehiculares; y para otros fines relacionados.
La medida PS 949 propone enmendar el Artículo 23.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000, según enmendada por la Ley 102-2022) para hacer automático el Incentivo de Responsabilidad Vial. Este incentivo otorga un descuento del 30% en el cargo base de renovación de licencias vehiculares a conductores sin infracciones en los 12 meses previos. La enmienda busca eliminar la necesidad de presentar certificaciones físicas, integrando la verificación de historial de infracciones en los sistemas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para su aplicación automática durante el proceso de renovación de licencias.
“Para crear el programa de adquisición de paquetes prepagados de peajes, en diferentes modalidades con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y las entidades concernientes; y para otros fines relacionados.”
La medida crea el Programa de Peajes Prepagados, ordenando al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a establecer un sistema donde los conductores puedan adquirir paquetes de peajes en modalidades mensuales, trimestrales o anuales. Estos paquetes ofrecerán tarifas con descuentos escalonados en comparación con el pago por uso regular, buscando incentivar el ahorro y la planificación financiera de los usuarios frecuentes. La ACT y el DTOP tienen seis meses desde la aprobación de la ley para desarrollar la reglamentación e implementar el programa, y la ACT deberá rendir un informe anual sobre su desempeño.
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