Para añadir un nuevo Artículo 2-02-A a la Ley 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como «Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico», a los fines de establecer un procedimiento uniforme para identificar y documentar la jurisdicción sobre tramos de carreteras estatales, aceras y áreas peatonales vinculadas; coordinar los referidos de condiciones de riesgo entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y los municipios; utilizar los mecanismos de querellas existentes; disponer medidas de seguimiento, reglamentación y transparencia; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Añade el Artículo 2-02-A a la Ley 54-1973 y obliga al DTOP a establecer un procedimiento para identificar y documentar quién tiene jurisdicción sobre riesgos en carreteras estatales, aceras y áreas peatonales vinculadas. Permite usar CESCO Digital y otros canales existentes, exige un mecanismo no exclusivamente digital y requiere que, dentro de 15 días laborables desde que haya información suficiente para identificar el lugar, el DTOP haga una determinación preliminar, pida documentos o notifique que hace falta una evaluación técnica. También ordena referir los casos que correspondan a municipios u otras entidades y documentar el seguimiento; el Secretario debe aprobar o modificar los procedimientos necesarios dentro de 180 días de la aprobación, y la ley entraría en vigor 180 días después de aprobarse. No elimina disposiciones ni cambia causas de acción, términos de reclamación, inmunidades o deberes legales de mantenimiento; no garantiza que se haga una reparación.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se relaciona con el problema histórico del mantenimiento de la infraestructura vial en Puerto Rico, que ha sido un desafío crónico para el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La falta de inversión sostenida y el deterioro de la red de carreteras secundarias y terciarias han afectado la seguridad y los costos de operación vehicular, lo que esta medida busca abordar al establecer un procedimiento para identificar y documentar la jurisdicción sobre riesgos en las vías.
En qué va
El P. del S. 1650 fue en el Senado el 17 de noviembre de 2026. No consta otro trámite legislativo posterior.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para viabilizar la transferencia de las carreteras secundarias y su mantenimiento a los municipios de Puerto Rico, con el fin de que los municipios tengan mayor autonomía y puedan mejorar las fallas más apremiantes en cuanto a la infraestructura vial del país, y se expanda su capacidad para prestar servicios directos a la ciudadanía; enmendar el Artículo 1, añadir un nuevo inciso (d) y reenumerar los actuales incisos (d), (e) (f), (g), (h), (i) y (j), como los incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j) y (k), respectivamente; enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de la Ley 94-2013, conocida como “Ley para Traspasar las Carreteras Terciarias del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los Municipios”; y para otros fines relacionados.
Añade un Capítulo IX al Código Municipal y deroga la Ley 94-2013, que permitía traspasar a los municipios la titularidad de carreteras terciarias. Ordena al secretario del DTOP solicitar cada año una partida para carreteras secundarias y terciarias y transferir a los municipios el 70% de lo que la Asamblea Legislativa apruebe para esa partida; distribuye esos fondos según los kilómetros de vías en cada municipio y exige notificar las asignaciones antes del 31 de julio y publicar la distribución. El DTOP retiene la titularidad, mientras los municipios realizan los trabajos; estos deben certificar el uso del asfalto dentro de 15 días de terminar cada obra, y el secretario puede inspeccionar y suspender por el próximo año fiscal las transferencias si determina incumplimientos de calidad, con revisión judicial dentro de 30 días. La derogación elimina el régimen vigente de traspaso voluntario de titularidad y sus fondos anuales recurrentes por 15 años, cuya distribución se reducía desde el cuarto año.
Para crear el Programa Piloto de Prioridad Semafórica para Vehículos de Emergencias Médicas; disponer su implantación inicial en corredores estratégicos de acceso al Centro Médico de Puerto Rico mediante tecnología de preeminencia semafórica para vehículos de emergencia (Emergency Vehicle Preemption); establecer las responsabilidades del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y las entidades de respuesta médica; fijar requisitos de seguridad, evaluación y rendición de informes; autorizar acuerdos y el uso de fondos disponibles; y para otros fines relacionados.
Crea por ley un Programa Piloto de prioridad semafórica para ambulancias y otros vehículos médicos autorizados, inicialmente en uno o más corredores de acceso al Centro Médico; no enmienda ni deroga otras leyes. DTOP coordinará la implantación con ACT y las entidades de emergencias, y cada intersección deberá evaluarse y configurarse por separado; la prioridad solo podrá solicitarse para una misión activa validada y no garantiza luz verde inmediata. DTOP debe aprobar un plan de implantación dentro de 180 días de la vigencia, y enviar un informe público a la Legislatura dentro de los 12 meses siguientes al inicio de operaciones, con costos, métricas e incidentes. Autoriza usar fondos estatales o federales legalmente disponibles, pero no asigna fondos específicos; no fija una fecha límite para iniciar operaciones.
Para enmendar el Artículo 4-G de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, conocida “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que todo licitador que interese la adjudicación de un contrato que incluya la construcción o reparación de vías, caminos, u obras públicas, tales como, aceras, encintados y canales, superficies para el manejo de escorrentías y barreras de sonido prefabricadas, entre otros, a partir del 2 de enero de 2025, quede notificado de que tiene que utilizar asfalto o lozas asfálticas, según aplique, con contenido de neumáticos desechados (asphalt rubber) como parte esencial de la materia prima a emplearse en la construcción de la obra o en la reparación de la obra ya existente; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda el Artículo 4-G de la Ley 74 de 1965 (Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación) para exigir que, a partir del 2 de enero de 2025, todo licitador que obtenga contratos para construcción o reparación de vías y obras públicas (aceras, canales, barreras de sonido, etc.) utilice asfalto o losas asfálticas con contenido de neumáticos desechados (asphalt rubber) como materia prima esencial. Esto aplica a la Autoridad de Carreteras y Transportación y otras agencias o departamentos a quienes se les delegue.
Para añadir un nuevo inciso (j), y reenumerar los actuales incisos (j) al (w), como los incisos (k) al (x), en el Artículo 4 de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico", a los fines de facultar expresamente a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a llevar a cabo expropiaciones forzosas a nombre del Departamento de Transportación y Obras Públicas, cuando sean necesarias para la ejecución de proyectos de reconstrucción, mantenimiento y desarrollo vial financiados con fondos estatales o federales; y para otros fines relacionados.
La Ley 97-2025 añade el inciso (j) al Artículo 4 de la Ley de la ACT y reenumera los incisos siguientes. Autoriza a la ACT a expropiar, a nombre del DTOP, terrenos, estructuras y otros derechos necesarios para proyectos viales a cargo del DTOP financiados con fondos públicos, siempre que estén alineados con los objetivos de la ACT. La facultad es opcional y concurrente con las vías que ya tenía el DTOP, pero requiere un convenio previo entre ambas agencias que identifique el proyecto y sus particularidades. El DTOP paga todos los gastos y responsabilidades relacionados; además, la ley valida los procesos ya iniciados bajo convenios vigentes y ordenó establecer mecanismos administrativos y operacionales en un plazo de 90 días desde su aprobación.
Para establecer la Ley de Línea de Tiempo de Proyectos de Obras Públicas, a los fines de requerir que toda agencia, corporación pública o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico que lleve a cabo proyectos de construcción cuyo costo exceda cinco millones (5,000,000) de dólares o cuya duración sobrepase seis (6) meses, publique en sus páginas electrónicas oficiales y redes sociales un enlace digital o “link” accesible al público donde se detalle el progreso de la obra, desde el anuncio de subasta hasta la culminación del proyecto; requerir la producción y divulgación mensual de un video de avance de obra; disponer sobre el contenido mínimo de la información a divulgarse; y para otros fines relacionados.
Esta medida, al enmendar la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004), establece la Ley de Línea de Tiempo de Proyectos de Obras Públicas. Requiere que toda agencia, corporación pública o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico que gestione proyectos de construcción con un costo superior a cinco millones (5,000,000) de dólares o una duración mayor a seis (6) meses, publique en sus plataformas digitales y redes sociales un enlace detallando el progreso de la obra desde la subasta hasta su culminación. Adicionalmente, exige la divulgación mensual de un video o fotografía del avance, especificando el contenido mínimo de la información.
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