Para enmendar el Artículo 2.12(c) de la Ley 85-2018, según enmendada, denominada “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el fin de establecer la concesión de un diferencial de sueldo de mil dólares ($1,000.00) mensuales a todo el personal docente, no docente y asistente de servicios especiales del sistema de educación pública que trabaje en las islas municipio de Vieques y Culebra; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para enmendar los Artículos 2.06 y 3.03 de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de requerir la designación permanente de al menos un Oficial Examinador en cada una de las siete (7) Oficinas Regionales Educativas del Departamento de Educación, con el propósito de agilizar los procedimientos disciplinarios y la adjudicación de medidas cautelares aplicadas al personal escolar; establecer que dicha designación no conlleva impacto fiscal adicional; y para otros fines relacionados.

La medida PS 885 propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley Núm. 85 de 2018) para exigir que cada una de las siete (7) Oficinas Regionales Educativas (ORE) del Departamento de Educación cuente permanentemente con al menos un Oficial Examinador. El propósito es agilizar los procedimientos disciplinarios y la adjudicación de medidas cautelares para el personal escolar, centralizando estas funciones a nivel regional en lugar de depender exclusivamente de la Oficina Central en San Juan. Se establece que esta designación no implicará un costo fiscal adicional, sino una reasignación de personal existente.

“Para enmendar los Artículos 1.03, 2.01, 2.04, añadir un nuevo Capítulo XIV, reenumerar los actuales Capítulos XIV, XV, y XVI como los nuevos Capítulos XV, XVI y XVII, reenumerar los actuales Artículos 14.01 al 14.09, como los nuevos Artículos 15.01 al 15.09, reenumerar el actual Artículo 15.01 como el nuevo Artículo 16.01, reenumerar los actuales Artículos 16.01 al 16.07, como los nuevos Artículos 17.01 al 17.07, de la Ley 85-2018, según enmendada y conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” a los fines de establecer un nuevo modelo educativo conocido como “Escuelas Públicas de Inclusión” donde todos los estudiantes de educación especial y/o con diversidad funcional puedan desempeñarse por grados académicos junto con estudiantes de la corriente regular y recibir en el mismo plantel escolar, todos los servicios necesarios; fomentar ambientes inclusivos dentro del sistema público de enseñanza; establecer un término de diez (10) años para que el Departamento de Educación formalice el establecimiento de “Escuelas Públicas de Inclusión”; y para otros fines relacionados.”

Enmienda la Ley 85-2018, "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para establecer el modelo "Escuelas Públicas de Inclusión". Este modelo busca integrar a estudiantes de educación especial y/o con diversidad funcional junto a estudiantes de la corriente regular en el mismo plantel, recibiendo todos los servicios necesarios. Se establece un plazo de diez (10) años para su formalización por el Departamento de Educación y se reestructuran diversos capítulos y artículos de la ley.

Para añadir un nuevo subinciso (68) al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85- 2018, denominada "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", según enmendada, y enmendar el inciso (dd) del Articulo 3 de la Ley 160-2020, denominada "Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza", con el fin de establecer un término temporal máximo durante el cual una persona empleada por el Departamento de Educación podrá permanecer aislada o trasladada temporeramente del área de trabaio como parte de una medida cautelar, de manera que se garantice el derecho al Debido Proceso de Ley del personal docente; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Esta medida enmienda la Ley de Reforma Educativa (Ley 85-2018) y la Carta de Derechos de los Maestros (Ley 160-2020) para establecer un plazo máximo de 180 días para que un empleado del Departamento de Educación permanezca aislado o trasladado temporalmente como medida cautelar. El objetivo es garantizar el debido proceso de ley para el personal docente afectado por estas medidas administrativas.