“Para enmendar los artículos 3.14 y 7.3 de la Ley 160-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que, todo participante del Sistema que realice y sea convicto en un tribunal de justicia de Puerto Rico, o de cualquier otra jurisdicción estatal o federal, de actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores, perderá todos sus beneficios bajo el Sistema; y para otros fines relacionados.”

Contras

• •El articulado, al añadir la pérdida de beneficios de retiro como penalidad, podría generar un vacío en la ley base respecto a la recuperación de las aportaciones individuales del participante. Aunque el Artículo 7.3(c) (que se mantiene y se renumerará) indica que se devolverá el balance de aportaciones individuales, no se especifica si esta devolución se realizará antes o después de cobrarse deudas contraídas con el Sistema, ni si se aplicará a los casos de abuso contra menores de la misma forma que a los de corrupción, lo cual podría ser un área de disputa o ambigüedad.
• •La medida se enfoca en la pérdida de beneficios de retiro, pero no aborda la recuperación de fondos públicos o recursos ya asignados a través de los salarios o pensiones de estos individuos una vez se confirman las condenas, más allá de la pensión futura. Tampoco detalla mecanismos de recuperación de fondos que pudieran haber sido malversados o utilizados indebidamente en el contexto de su empleo, si los hubiera.
• •El Artículo 3.14, al permitir que la pensión responda por deudas contraídas con el Sistema 'salvo por actos de corrupción o actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores', introduce una excepción a la prohibición de embargo y cesión que podría ser interpretada de forma amplia. Si bien el propósito es claro, la redacción podría dar pie a interpretaciones sobre qué deudas específicas contraídas con el Sistema se derivan de estos actos y cómo se ejecutaría dicha retención sobre beneficios ya concedidos, especialmente si el participante ya no está activo en el Sistema.
• •La medida no contempla la posibilidad de que un participante pueda ser convicto de un delito grave contra menores en una jurisdicción extranjera sin que exista un tratado de reconocimiento de sentencias o un proceso de homologación, lo que podría dificultar la aplicación de la pérdida de beneficios si la convicción no es directamente procesada o reconocida por los tribunales de Puerto Rico o federales con la debida documentación.