“Para establecer la “Ley para la Protección de los Derechos de Pacientes con Enfermedades Crónicas en Puerto Rico”, a los fines de reconocer y garantizar un marco de derechos fundamentales para esta población; asegurar el acceso continuo, equitativo y digno a servicios de salud; disponer los deberes del Estado en su atención y acompañamiento integral; y para otros fines relacionados.”

“Para añadir los nuevos Artículos 9-A y 9-B a la Ley Núm. 194-2000, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; enmendar los Artículos 17 y 19 de dicha Ley; a los fines de reconocer y garantizar derechos específicos a pacientes con condiciones graves, avanzadas, terminales, incurables o irreversibles; establecer el derecho a información clara sobre diagnóstico, prognosis y alternativas clínicas; reconocer el derecho a cuidado paliativo temprano, manejo adecuado del dolor, hospicio, sedación paliativa cuando proceda, apoyo psicológico, apoyo social, apoyo espiritual o religioso si así se desea, segunda opinión médica, consulta de ética clínica, continuidad de cuidado y no abandono clínico; establecer deberes de planes médicos, aseguradoras, organizaciones de servicios de salud y proveedores en cuanto a autorización, coordinación y continuidad de servicios al final de la vida; disponer mecanismos de querellas y fiscalización; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley Núm. 194-2000, 'Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente', para añadir los Artículos 9-A y 9-B y modificar los Artículos 17 y 19. Reconoce y garantiza derechos específicos a pacientes con condiciones graves, avanzadas, terminales, incurables o irreversibles, incluyendo el derecho a información clara, cuidado paliativo temprano, manejo del dolor, hospicio, apoyo integral y continuidad de cuidado. Establece deberes para planes médicos, aseguradoras y proveedores en la autorización, coordinación y continuidad de servicios al final de la vida, y dispone mecanismos de querellas y fiscalización. Afecta directamente a pacientes en etapas avanzadas de enfermedad y a las entidades que proveen servicios de salud.

“Para establecer la "Ley para la Protección de Tratamientos Farmacológicos en Pacientes con Condiciones Crónicas y Fatales", a los fines de prohibir la sustitución de medicamentos recetados a pacientes diagnosticados con condiciones crónicas o fatales sin la autorización expresa del médico tratante y el consentimiento del paciente; disponer responsabilidades para farmacias, aseguradoras y planes médicos; establecer excepciones limitadas; imponer sanciones administrativas por incumplimiento; ordenar la reglamentación necesaria; y para otros fines relacionados.”

Esta medida, la "Ley para la Protección de Tratamientos Farmacológicos en Pacientes con Condiciones Crónicas y Fatales", prohíbe la sustitución de medicamentos recetados a pacientes con condiciones crónicas o fatales sin la autorización explícita del médico tratante y el consentimiento del paciente. Establece responsabilidades para farmacias, aseguradoras y planes médicos, define excepciones limitadas, e impone sanciones administrativas. Afecta directamente a pacientes con enfermedades de larga duración o condiciones de vida o muerte, así como a los proveedores de salud que administran o cubren estos tratamientos.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el acceso a medicamentos recetados para las poblaciones médico-indigentes; proteger la dispensación de ciertos medicamentos por parte de centros de atención médica; proporcionar definiciones; identificar ciertas acciones como discriminatorias con respecto a los medicamentos descontados por un programa federal y las entidades que los dispensan; establecer sanciones; y para otros fines relacionados.

Establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso a medicamentos recetados a poblaciones médico-indigentes. Busca proteger la dispensación de medicamentos por parte de centros de atención médica que participan en el Programa Federal 340B, identificando ciertas prácticas como discriminatorias y proponiendo sanciones. Afecta directamente a pacientes de bajos ingresos, centros de salud elegibles al Programa 340B, aseguradoras, manejadores de beneficios de farmacia (PBMs), y agencias gubernamentales como ASES y el Departamento de Salud.