Para enmendar los Artículos 1, 2 y 3, añadir un nuevo Artículo 4 y reenumerar el actual Artículo 4 como Artículo 5 de la Ley 150-2008, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta”; enmendar el Artículo 1.1 y 3 de la Ley 42-2015, según enmendada, conocida como “Ley para que Toda Persona Natural o Jurídica que Preste Servicios Provea al Menos Dos (2) Alternativas de Pago a sus Clientes; con el propósito de prohibir el cobro de tarifas adicionales por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales dentro de la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La efectividad de la prohibición sobre tarifas de propinas y donaciones depende de que el comerciante envíe la información separada dentro de 90 días, requiriendo la implementación de 'mecanismos tecnológicos necesarios' sin especificar cuáles, lo que podría ser una barrera para pequeños negocios o generar ambigüedad en la aplicación.
• •La Ley 150-2008 original y su enmienda de 2013 solo penalizaban a 'cualquier persona' (comerciante o tercero) con multas bajas ($500) y cárcel. La nueva medida establece multas administrativas más altas para procesadores ($1,000-$10,000) y comerciantes ($1,000), pero la Ley 42-2015, al ser enmendada, mantiene una penalidad de delito menos grave para 'toda persona' que viole sus disposiciones, con multas de $500-$3,000 (primera infracción) y $5,000-$10,000 (subsiguientes), lo que podría generar confusión sobre qué ley y qué penalidad aplica en casos de violaciones relacionadas con alternativas de pago y tarifas.
• •La medida no aborda explícitamente la posibilidad de que las tarifas de procesamiento se incrementen en otros componentes de la transacción para compensar la prohibición de cobrarlas sobre impuestos, propinas o donaciones, lo cual podría trasladar el costo a otras partes del precio del bien o servicio.
• •El articulado no detalla el proceso específico para determinar la 'violación' que desencadena la obligación de reembolso automático en 15 días, ni cómo se verificará la 'investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o por cualquier otro medio probatorio válido', lo que podría generar disputas sobre la determinación de la infracción y el inicio del plazo de reembolso.