Para enmendar el inciso (g) del Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54-1989, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de hacer obligatoria la imposición de talleres o programas de educación y reeducación para personas agresoras desde la primera orden de protección emitida; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2.4, 2.5 y 2.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de permitir la aceptación de una copia electrónica de la certificación del diligenciamiento emitida por un agente del orden público o un alguacil; para requerir que la persona citada a comparecer a una vista proporcione su información de contacto; para establecer que la extensión de una orden de protección no se considerará como una nueva expedición de la orden; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) para permitir la aceptación de copias electrónicas de las certificaciones de diligenciamiento por parte de agentes del orden público o alguaciles. También exige que las personas citadas a vista provean su información de contacto y clarifica que la extensión de una orden de protección no es una nueva expedición. Afecta directamente a las partes en casos de violencia doméstica, al personal de ley y orden, y al sistema judicial.

Para enmendar los Artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”.

Esta medida enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) para alinear sus delitos y penas con el Código Penal de 2012. Específicamente, modifica el Artículo 2.8 (Incumplimiento de Órdenes de Protección) a un delito grave de tercer grado con una pena fija de 8 años y supervisión electrónica obligatoria si la sentencia es suspendida. El Artículo 3.1 (Maltrato) se modifica a un delito grave de cuarto grado con pena fija de 3 años, eliminando la necesidad de probar un patrón de conducta para constituir el delito, incluyendo violencia digital. Afecta directamente a personas acusadas de violencia doméstica y a las víctimas, al modificar el marco penal aplicable.

Para enmendar el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a los fines de disponer que ninguna persona que sea encontrada culpable por el delito de agresión sexual, según tipificado en el Artículo 3.5 de dicha Ley, pueda beneficiarse del programa de desvío; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica). Su propósito es asegurar que ninguna persona declarada culpable del delito de agresión sexual, tipificado en el Artículo 3.5 de dicha ley, pueda acceder o beneficiarse de los programas de desvío disponibles bajo la ley. Afecta directamente a los condenados por agresión sexual, eliminando una vía de posible mitigación de sentencia.