Para enmendar los Artículos 2.4, 2.5 y 2.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de permitir la aceptación de una copia electrónica de la certificación del diligenciamiento emitida por un agente del orden público o un alguacil; para requerir que la persona citada a comparecer a una vista proporcione su información de contacto; para establecer que la extensión de una orden de protección no se considerará como una nueva expedición de la orden; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

El sistema judicial y los agentes del orden público se benefician de una mayor eficiencia y agilidad en los trámites de notificación y certificación. Las víctimas y los imputados podrían beneficiarse de procesos más rápidos, asumiendo que la tecnología funciona correctamente y se garantiza la integridad de los documentos.

Preocupa a:

Las personas que enfrentan barreras tecnológicas o de acceso a la información podrían verse desprotegidas o en desventaja. La integridad del proceso legal podría verse comprometida si los mecanismos de verificación de las copias electrónicas y la información de contacto no son rigurosos.

Quién paga o decide:

La implementación de los mecanismos de certificación electrónica y la verificación de datos de contacto recaerá en los organismos de ley y orden (policía, alguaciles) y el Poder Judicial. Los costos asociados a la infraestructura tecnológica y su mantenimiento serían asumidos por las agencias correspondientes, y la implementación final dependerá de la reglamentación que emitan dichas agencias y el Tribunal Supremo.