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Para crear la “Ley para la Integración Tecnológica entre el Poder Judicial y la Rama Ejecutiva para proteger a las víctimas de Violencia Doméstica en Puerto…

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Para crear la “Ley para la Integración Tecnológica entre el Poder Judicial y la Rama Ejecutiva para proteger a las víctimas de Violencia Doméstica en Puerto Rico”, establecer su propósito; crear la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre este tema; enmendar los Artículos 2.4, 2.5 y 2.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de autorizar, como prueba acreditativa suficiente sobre el cumplimiento de diligenciamiento de cualquier orden de protección expedida, una copia electrónica de la certificación de diligenciamiento emitida por un agente del orden público o un alguacil; para requerir a la persona peticionada compartir información de contacto una vez haya sido citada a comparecer a una vista por virtud de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, supra; para disponer que la extensión de una orden de protección no se considerará como una nueva expedición de orden de protección, por lo que no será requerido diligenciar la extensión de manera personal; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea una ley de integración tecnológica y los artículos 2.4, 2.5 y 2.7 de la Ley 54. Exige que las partes citadas provean de inmediato correo electrónico, direcciones postal y física y teléfono, y que el tribunal comparta esos datos con el COPOP; permite hacerlo por medios electrónicos cuando esté disponible la tecnología necesaria. Reconoce como prueba suficiente del diligenciamiento los documentos electrónicos correspondientes y dispone que la extensión de una orden no se trate como una nueva expedición que requiera diligenciamiento personal. También ordena permitir que municipios con cuerpo de policía accedan en tiempo real al sistema y compartan información.

Pros

•La certificación electrónica de un agente del orden público o alguacil puede acreditar el diligenciamiento sin depender de una copia física; esto facilita que el tribunal verifique la notificación y permite que la falta de presentar esa prueba no invalide la orden.
•Los municipios con cuerpo de policía obtienen acceso y en tiempo real al sistema, y pueden compartir información con las agencias participantes; esto les permite coordinar directamente la respuesta local, en vez de depender de que otra entidad les canalice los datos.
•Al no tratar la extensión como una nueva orden que requiera diligenciamiento personal, se evita repetir ese paso para mantener la protección ; el cambio puede reducir demoras cuando no se logra localizar personalmente a la parte peticionada.

Contras

•La medida exige recopilar y compartir datos de contacto de ambas partes con el COPOP y concede acceso en tiempo real a municipios con policía, pero no precisa límites de acceso, uso o divulgación. Esto puede poner en riesgo datos sensibles, incluida la ubicación de una víctima, y requiere especial cuidado porque la Ley 54 ya contempla direcciones sustitutas confidenciales.
•La extensión puede notificarse sin diligenciamiento personal. El Departamento de Justicia advirtió que algunas personas no tienen correo electrónico ni acceso a medios electrónicos y recomendó mantener la notificación personal como alternativa; el texto no adopta esa recomendación. La falta de conocimiento efectivo de una extensión puede ser especialmente grave porque la Ley 54 castiga la violación a sabiendas de una orden con ocho años de reclusión.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las partes peticionarias pueden beneficiarse de una acreditación electrónica del diligenciamiento y de que la extensión no dependa de una nueva entrega personal. También se beneficia la policía municipal de municipios con cuerpo policial, que obtiene acceso y en tiempo real al sistema.
Preocupa a:: Las partes peticionadas pueden no recibir efectivamente aviso de una extensión si no tienen acceso a medios electrónicos. Las víctimas también pueden enfrentar mayor exposición de sus datos de contacto al compartirse con el COPOP y abrirse el acceso a municipios con policía.
Quién paga o decide:: La medida no asigna fondos ni establece cómo se distribuyen los costos; la operación recaería en las entidades judiciales y ejecutivas participantes y en los municipios que se integren. La implementación corresponde a esas entidades mediante los acuerdos o instrumentos de acceso previstos; no se identifica a una figura política individual como decisora final.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

La comisión añadió que agencias judiciales y ejecutivas permitan a municipios con policía municipal acceso y en tiempo real al sistema y compartir información.

En qué va

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara recomendó aprobarla con el 23 de mayo de 2025, pero el informe se retiró el 18 de agosto de 2025 y el proyecto volvió a comisión. Permanece y no consta aprobado.

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Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 18 de agosto de 2025

Devuelto a la Comisión(es)

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