“Para enmendar el Artículo 2.6, inciso (f), de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de eliminar la discreción del Tribunal y ordenar que sea mandatorio el que, habiéndose expedido una Orden de Protección, se le ordene al peticionado(a) a participar de un programa o taller de reeducación y re adiestramiento para personas que incurren en conducta agresiva en relación de pareja y para otros fines relacionados.”

Intereses en juego

Beneficia a:

Las víctimas de violencia doméstica, al asegurar que los agresores enfrenten una medida correctiva obligatoria. También beneficia a los proveedores de programas de reeducación (públicos o privados) que ahora tendrían una demanda asegurada.

Preocupa a:

Los peticionarios que, independientemente de la severidad de su caso o su capacidad de pago, estarán obligados a participar y costear programas, enfrentando desacato ante el incumplimiento. También preocupa a los tribunales por la pérdida de flexibilidad para adaptar las órdenes a las particularidades de cada caso.

Quién paga o decide:

Los peticionarios pagan los costos de los programas. El Tribunal impone la participación y los costos. El Ministerio Público puede solicitar la imposición. La selección de programas públicos o privados y la determinación de incapacidad de pago recaen en el Tribunal, con potencial discrecionalidad en la implementación.