“Para enmendar el Artículo 2.6, inciso (f), de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Para la Prevención e Intervención…

Contras

• •El texto identifica el inciso (f), pero la Ley 54 vigente coloca la regla sobre programas en el inciso (g), mientras que el (f) contiene recomendaciones de seguridad para la víctima. El Departamento de la Familia, la Oficina de Administración de los Tribunales y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres señalaron el error; aplicado literalmente, podría sustituirse la disposición equivocada y dejar sin efecto la guía para la víctima sin lograr claramente el cambio buscado.
• •La obligatoriedad puede exceder la capacidad de los programas y hacer difícil cumplir dentro de la orden: la OAT informó que había 23 programas activos, con listas de espera, y que los gratuitos se ofrecían exclusivamente a personas convictas; también advirtió que una orden puede durar menos que las 30 horas mínimas requeridas. La OPM señaló que faltan datos sobre cuántas órdenes incluyen la condición, el cumplimiento y la eficacia de los programas, y preguntó si el mandato abarcaría órdenes civiles y criminales; el texto no distingue entre ambas.
• •Al cambiar «podrá» por «será» para el desacato, el texto quita al tribunal la discreción expresa para decidir si procede esa consecuencia cuando, al vencer la orden, falta la notificación o evidencia de cumplimiento. La OAT advirtió que así el tribunal podría no considerar razones válidas para el incumplimiento y que esto podría limitar el debido proceso.
• •La medida elimina que el tribunal cobre el programa a la persona peticionada y la alternativa de horas de servicio comunitario, pero no identifica quién cubriría esos costos ni asigna fondos específicos para ello. Aunque la Ley 54 contempla fondos presupuestarios generales para las agencias, no determina quién pagaría estos programas; la OAT advirtió que la falta de claridad podría afectar a personas de bajos recursos.