Para enmendar el Artículo 9.07 del Capítulo IX de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a fin de definir y prohibir expresamente la violencia escolar; hacer sus disposiciones extensivas a la violencia escolar; y proveer que además del personal escolar y los estudiantes de las escuelas públicas, los padres, tutores y encargados de estos últimos tengan la oportunidad de participar en programas, orientaciones, actividades y talleres de capacitación para adquirir conocimiento y herramientas sobre la política pública relativa a la violencia escolar y el hostigamiento e intimidación entre estudiantes o el personal escolar, abarcando las sanciones o medidas disciplinarias aplicables que conllevan dichos actos o conducta y la responsabilidad de todos estos al respecto.

Para enmendar el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para establecer de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos, otorgar la facultad para reglamentar y ampliar dichos derechos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico) para definir y fortalecer los derechos de padres, tutores y encargados sobre la educación de sus hijos. Establece derechos específicos como recibir información académica y administrativa, exigir calidad educativa (180 días de 6 horas diarias con maestro calificado), solicitar servicios, expresar opiniones mensualmente y tener control exclusivo sobre la educación en temas de sexualidad y afectividad. Afecta directamente a los padres, estudiantes y al Departamento de Educación.

Para enmendar la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, específicamente para añadir un nuevo Artículo 9.12 al Capítulo IX y enmendar el Artículo 9.01 para añadir el inciso (t), con el propósito de prohibir la grabación y publicación de contenidos con estudiantes por personal educativo en planteles escolares o actividades educativas sin consentimiento escrito de padres o encargados radicado ante el Departamento de Educación, en busca de salvaguardar la privacidad, imagen y seguridad de los menores en entornos educativos contra riesgos cibernéticos y de exposición personal.

La medida PS 869 propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para añadir un nuevo Artículo 9.12. Este artículo prohibiría al personal educativo grabar, fotografiar o transmitir en vivo a estudiantes para fines no pedagógicos o comerciales, y publicarlo en redes sociales o plataformas digitales, sin el consentimiento escrito previo de los padres o encargados. Dicho consentimiento deberá ser radicado ante el Departamento de Educación (DE) o la institución educativa, y el DE tendrá 180 días para establecer un registro electrónico centralizado para estos fines.

Para enmendar la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, en su Artículo 1.02 (d) para añadir un subinciso (11); enmendar su Artículo 2.04 (b), subincisos 15 y 42; enmendar el Artículo 2.12 (q)(4); enmendar su Artículo 6.05 (m); enmendar el Artículo 9.02, para añadir un nuevo inciso (h); y, enmendar el Artículo 11.01, para añadir un inciso (h), a los fines de establecer como parte de la política pública del sistema educativo la inclusión de los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, en los protocolos que atienden situaciones donde se coloca en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes de las escuelas públicas, y establecer el deber continuo de mantenerlos informados; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 119 enmienda la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para establecer como política pública la inclusión obligatoria de padres, madres o encargados en los protocolos de seguridad escolar. Esto incluye el deber continuo de mantenerlos informados sobre situaciones que pongan en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes en las escuelas públicas. Afecta directamente al Departamento de Educación, directores escolares, consejos escolares y a las familias del sistema público de enseñanza.