Para enmendar la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, específicamente para añadir un nuevo Artículo 9.12…

Contras

• •La medida delega la creación de un registro centralizado de consentimientos y la reglamentación de su uso al DE, estableciendo un plazo de 180 días. Si el DE no cumple con este plazo o la reglamentación es deficiente, la implementación efectiva de la prohibición y el mecanismo de consentimiento podrían retrasarse o ser ineficaces.
• •El Artículo 9.12(d) permite excepciones para grabaciones y publicaciones realizadas 'exclusivamente para fines educativos oficiales' si no involucran fines personales, comerciales o de redes sociales no autorizadas. La interpretación de 'fines educativos oficiales' y 'redes sociales no autorizadas' podría ser ambigua, abriendo la puerta a posibles interpretaciones laxas que permitan grabaciones o publicaciones que, aunque justificadas como 'oficiales', aún podrían exponer a los estudiantes de manera no deseada.
• •Las sanciones por 'ofensas subsiguientes o si resulta en daño demostrable' incluyen la remisión al Ministerio Público para cargos penales bajo el Artículo 173 del Código Penal (violación de privacidad). Sin embargo, la ley base (Ley 85-2018) no contiene un Artículo 173; el Código Penal vigente (Ley 146-2012) sí tiene un Artículo 173 sobre 'Violación de Correspondencia y Privacidad', pero la referencia directa en la medida podría ser imprecisa o requerir una verificación exhaustiva de la aplicabilidad y la pena exacta bajo el código penal actual.
• •La medida no especifica claramente quién es responsable de la fiscalización activa y la investigación de las violaciones más allá de la remisión al DE o al Ministerio Público. Si bien se menciona un informe anual del DE, la falta de un organismo o proceso de fiscalización proactivo y continuo podría limitar la efectividad de la prohibición y las sanciones.