Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 85-2017, según enmendada, conocida como "Ley contra el hostigamiento e intimidación o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", también conocida como "Ley Alexander Santiago Martínez"; y el Artículo 9.07 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de ampliar la definición de intimidación o acoso cibernético (cyberbullying); y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9.07 de la Ley 85-2018, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de añadir dos nuevos incisos (j) y (k), con el propósito de que cualquier empleado o funcionario de una institución de educación pública, que presencie o advenga en conocimiento de una actuación de un estudiante que afecte la integridad física de otro, o que tenga conocimiento personal sobre la inminente actuación de un estudiante para ocasionar daño real o inminente a algún otro estudiante o a otras personas, estará obligado a informar tal hecho de forma inmediata al Director Escolar, y a los padres de ambos estudiantes; y para ordenar al Departamento de Educación a que enmiende su Reglamento General de Estudiantes del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, a los fines de atemperarlo con las directrices en cuanto a la política pública sobre el hostigamiento o “bullying”.

Esta medida, al ser rechazada, no propone cambios legislativos. Originalmente buscaba enmendar el Artículo 9.07 de la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa). La propuesta era obligar a todo empleado o funcionario de instituciones de educación pública a informar de inmediato al Director Escolar cualquier acto de violencia física entre estudiantes o conocimiento de una amenaza inminente. El Director Escolar, a su vez, notificaría a la División Legal del Departamento de Educación y a los padres de los estudiantes involucrados. También ordenaba al Departamento de Educación a enmendar su Reglamento General de Estudiantes para atemperarlo a políticas contra el hostigamiento (bullying).

Para enmendar la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, específicamente para añadir un nuevo Artículo 9.12 al Capítulo IX y enmendar el Artículo 9.01 para añadir el inciso (t), con el propósito de prohibir la grabación y publicación de contenidos con estudiantes por personal educativo en planteles escolares o actividades educativas sin consentimiento escrito de padres o encargados radicado ante el Departamento de Educación, en busca de salvaguardar la privacidad, imagen y seguridad de los menores en entornos educativos contra riesgos cibernéticos y de exposición personal.

La medida PS 869 propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para añadir un nuevo Artículo 9.12. Este artículo prohibiría al personal educativo grabar, fotografiar o transmitir en vivo a estudiantes para fines no pedagógicos o comerciales, y publicarlo en redes sociales o plataformas digitales, sin el consentimiento escrito previo de los padres o encargados. Dicho consentimiento deberá ser radicado ante el Departamento de Educación (DE) o la institución educativa, y el DE tendrá 180 días para establecer un registro electrónico centralizado para estos fines.

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 21-2021, según enmendada, mejor conocida como "Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico", a los fines de fortalecer la política pública contra la difusión no consentida de imágenes privadas y la amenaza de divulgación de material explicito; ampliar y precisar las definiciones aplicables, incluyendo el término "tercero"; tipificar como delito grave la amenaza de difundir, divulgar, revelar, ceder o entregar a terceros material explícito de la víctima o que la involucre, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o medios de comunicación electrónica o cibernética; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Artículo 4 de la Ley 21-2021 (Ley contra la Venganza Pornográfica) para tipificar como delito grave la amenaza de divulgar material explícito de una persona, especialmente en el contexto de una relación de pareja. Establece una pena de reclusión fija de tres (3) años para esta amenaza, así como para la difusión no consentida de dicho material. Afecta directamente a individuos que difundan o amenacen con divulgar contenido íntimo sin consentimiento, y a las víctimas de estas acciones.