Para enmendar la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico”, añadiendo un nuevo Artículo 8.1 que ordene el restablecimiento, fortalecimiento y reconocimiento oficial de los Consejos de Residentes en todos los residenciales públicos; incorporar explícitamente los requisitos federales de participación de residentes bajo 24 CFR Parte 964 (Tenant Participation and Tenant Opportunities in Public Housing); establecer mecanismos obligatorios de apoyo, financiamiento, espacios y participación en la gestión por parte de la Administración de Vivienda Pública (AVP); garantizar que los consejos sirvan como intermediarios efectivos entre residentes y la AVP para abordar preocupaciones comunitarias; y para otros fines relacionados.

Contras

• •El articulado no detalla mecanismos de fiscalización ni penalidades específicas para la AVP en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas (financiamiento, espacios, participación, supervisión de elecciones), lo que podría limitar la efectividad de la ley si la AVP no cumple voluntariamente.
• •Aunque se menciona financiamiento de $25 por unidad al año, el texto no especifica de dónde provendrán estos fondos dentro del presupuesto de la AVP, ni establece un mecanismo de asignación presupuestaria que asegure su disponibilidad continua más allá de la intención declarada.
• •La ley base (Ley 66-1989) no contenía disposiciones específicas sobre Consejos de Residentes ni sobre la participación explícita bajo 24 CFR Parte 964. Si bien la medida añade estos elementos, la ausencia de un marco regulatorio previo en la ley orgánica de la AVP podría implicar un desafío en la implementación si no se desarrollan reglamentos claros y robustos.
• •El Artículo 8.1(c) establece que la AVP proporcionará 'Espacios comunitarios adecuados (escritos en Memorando de Entendimiento actualizado cada 3 años)'. La dependencia de un Memorando de Entendimiento, que es un acuerdo entre partes, podría ser un punto de negociación o conflicto que retrase o impida la provisión de estos espacios si no hay consenso entre la AVP y los consejos.