Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la práctica de algunos acreedores de utilizar el Formulario OAT 171 de la Oficina de Administración de Tribunales para emplazar sin eliminar la errónea advertencia relacionada a la remoción permanente de hijos del hogar como parte de los remedios que puede conceder el Tribunal de Primera Instancia.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección expedidas al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; la Ley 148-2015, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”; y la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, incluyendo el análisis de estadísticas relacionadas con solicitudes, concesiones, denegatorias, incumplimientos y procesamiento criminal por violaciones a órdenes de protección; la evaluación de los protocolos de análisis de riesgo y letalidad utilizados por las agencias concernidas; el impacto de la legislación vigente sobre la protección de víctimas; la uniformidad en la aplicación de los criterios utilizados por los tribunales en las distintas regiones judiciales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 723 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección expedidas bajo cuatro leyes clave: la Ley de Violencia Doméstica (54-1989), la Ley Contra el Acecho (284-1999), la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Sexual (148-2015) y la Ley de Protección de Menores (57-2023). La investigación debe incluir análisis de estadísticas, evaluación de protocolos de riesgo y letalidad, impacto de la legislación vigente y uniformidad en la aplicación judicial. Afecta directamente a las víctimas de violencia doméstica, acecho y sexual, así como a las agencias involucradas en la expedición y cumplimiento de estas órdenes.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno a la alta incidencia criminal en los barrios y comunidades que componen el Distrito Representativo Número 34; y evaluar los esfuerzos dirigidos a intervenir, prevenir y controlar las situaciones de criminalidad.

La Resolución de la Cámara 263 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar un estudio exhaustivo sobre la alta incidencia criminal en el Distrito 34. La Comisión deberá evaluar los esfuerzos actuales para intervenir, prevenir y controlar la criminalidad en dicha área y presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El estudio debe completarse dentro de 180 días tras la aprobación de la resolución.

Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento de los deberes legales y administrativos por parte de las Juntas de Directores o Consejos de Titulares en propiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, particularmente en lo relativo al manejo de cuotas, derramas y fondos de seguros, el acceso a información financiera y la protección de los derechos de los adultos mayores residentes, incluyendo una evaluación de la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), conforme a las facultades que le otorga la ley; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 267 ordena a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, realizar una investigación sobre el cumplimiento de deberes legales y administrativos por parte de las Juntas de Directores o Consejos de Titulares en propiedades bajo el régimen de propiedad horizontal. La investigación se centrará en el manejo de cuotas, derramas, fondos de seguros, acceso a información financiera y la protección de los derechos de los adultos mayores residentes, evaluando también la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La investigación deberá completarse y presentarse un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días a partir de su aprobación.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el Sistema Judicial, incluyendo entes de naturaleza cuasi judicial de la Rama Ejecutiva, los jueces y tribunales, el ejercicio de la profesión de la abogacía, los servicios sociales en los tribunales, los servicios legales para el gobierno estatal, municipal y los ciudadanos indigentes y la profesión de la notaría; el Departamento de Justicia, el Procurador General de Puerto Rico, el Registro de la Propiedad y los registradores; el cuerpo legal que rige el sistema civil, tales como el Código Civil, las Reglas de Procedimiento Civil, la “Ley Hipotecaria” y su Reglamento, entre otros; el cuerpo legal que rige el sistema penal, tales como el Código Penal y las Reglas de Procedimiento Criminal; las Reglas de Evidencia; la Comisión de Derechos Civiles; la protección de los derechos civiles de los ciudadanos y las asignaciones de fondos y recursos para programas de acceso a la justicia; y para otros fines legales relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el Sistema Judicial, incluyendo entidades cuasi-judiciales, jueces, tribunales, el ejercicio de la abogacía, servicios legales y de acceso a la justicia, el Departamento de Justicia, el Procurador General, el Registro de la Propiedad, y el cuerpo legal que rige los sistemas civil y penal, así como la protección de derechos civiles. La Comisión podrá citar personas y entidades, solicitar documentos y realizar estudios. Se requiere la presentación de informes parciales y un informe final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y programas existentes para reducir el riesgo de abuso financiero en los adultos mayores, en especial aquellos que poseen alguna condición mental que limita sus capacidades cognitivas; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 26 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y programas existentes para prevenir y reducir el riesgo de abuso financiero en adultos mayores, con un enfoque particular en aquellos con condiciones mentales que limitan sus capacidades cognitivas. La investigación debe incluir gestiones de agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, y culminar en recomendaciones para mejorar la respuesta a esta problemática. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).