Qué propone
La Resolución de la Cámara 51 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes investigar la operación, implementación y los retos del programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, con un enfoque específico en los Servicios Compensatorios para estudiantes. La Comisión deberá presentar informes parciales y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo posibles acciones legislativas y administrativas, antes de que finalice el término de la actual Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028). Afecta directamente al Departamento de Educación al requerirle proveer información y al poner bajo escrutinio público un programa clave para estudiantes con necesidades especiales.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida, al investigar el programa de Educación Especial, se inserta en el contexto histórico de las ineficiencias administrativas y las intervenciones federales que han caracterizado al Departamento de Educación, como se describe en la Fuente 1. La investigación sobre los servicios compensatorios podría revelar cómo estos problemas sistémicos afectan a los estudiantes con necesidades especiales, un sector particularmente vulnerable dentro de la compleja estructura educativa.
En qué va
La Resolución de la Cámara 51 fue el 13 de enero de 2025 y por unanimidad el 13 de marzo de 2025. Posteriormente, fue referida a comisiones en el Senado el 19 de marzo de 2025.
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Última acción · 19 de marzo de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la carga administrativa impuesta por el Departamento de Educación sobre las docentes especializadas en Educación Especial y los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad y calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa de Educación Especial por disposición de la Constitución de Puerto Rico, las leyes locales y federales y las determinaciones judiciales que las interpretan.
La Resolución de la Cámara 643 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la carga administrativa que el Departamento de Educación impone a las docentes especializadas en Educación Especial. La investigación debe evaluar la cantidad de horas dedicadas a tareas administrativas, los efectos de esta carga en la calidad y continuidad de los servicios educativos para estudiantes con necesidades especiales, y proponer mecanismos para mitigarla. Adicionalmente, se examinará la necesidad de personal de apoyo y la sostenibilidad de los programas universitarios de Educación Especial en Puerto Rico. La Comisión tiene 120 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva al Departamento de Educación y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre el atraso en los pagos a los proveedores de servicios y de los asistentes de servicio directo T1 de Remedio Provisional del Programa de Educación Especial, incluyendo el estado en que se encuentra la identificación y autorización de los fondos necesarios para el pago de los servicios de remedio provisional; el plan del Departamento de Educación para que los servicios de remedio provisional no sean interrumpidos; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 343 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre los atrasos en los pagos a proveedores y asistentes de servicio directo T1 del Programa de Educación Especial, específicamente en lo referente a los servicios de Remedio Provisional. La investigación debe determinar el estado de identificación y autorización de fondos, así como el plan del Departamento de Educación para asegurar la continuidad de estos servicios. Afecta directamente al Departamento de Educación, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a los proveedores de servicios y a los asistentes T1, y de forma indirecta a más de 50,000 estudiantes de educación especial y sus familias.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Educación con el derecho del estudiantado del Programa de Educación Especial a que se revise el Programa Educativo Individualizado cuando resulte necesario y con el derecho a ser reubicado en el ambiente menos restrictivo tras la revisión del Programa Educativo Individualizado.
La Resolución de la Cámara 642 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Educación (DE) con los derechos de los estudiantes del Programa de Educación Especial. Específicamente, se investigará si el DE garantiza la revisión del Programa Educativo Individualizado (PEI) cuando sea necesario y si asegura la reubicación de estos estudiantes en el ambiente menos restrictivo tras dicha revisión. La Comisión tiene 120 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la orientación, objetivos y métodos del sistema público de enseñanza; la reglamentación, supervisión y acreditación de los servicios educativos de escuelas e instituciones privadas; la educación, orientación y rehabilitación vocacional; la difusión de la educación y la cultura; los servicios, becas y ayudas a estudiantes; la reglamentación, acreditación y creación de condiciones que inspiren y mejoren al maestro y el desarrollo de servicios complementarios a la instrucción para su mayor efectividad; la dirección, administración, investigación y enseñanza universitaria incluyendo facilidades y equipo; y las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las que manejan el conocimiento tales como las universidades, instituciones que viabilizan las contribuciones del sector privado; así como sobre todos los asuntos relacionadas a los programas educativos y servicios para la población de educación especial y con diversidad funcional; y la implantación de la política pública que garantice la prestación de servicios, educación especializada, terapias, rehabilitación vocacional y todo esfuerzo para que esta población pueda encaminarse a una vida independiente.
La Resolución de la Cámara 122 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos del sistema educativo en Puerto Rico. Esto incluye el sistema público, instituciones privadas, educación vocacional, becas, maestros, educación universitaria y programas para estudiantes con diversidad funcional. La investigación busca recopilar hallazgos, conclusiones y recomendaciones para ser presentadas a la Cámara.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la efectividad y el cumplimiento con la Ley Núm. 53-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos”; con el propósito de recomendar las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 405 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la efectividad y el cumplimiento de la Ley Núm. 53-2016, conocida como la Ley para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos. El propósito es recomendar acciones legislativas y administrativas para mejorar la situación de estudiantes con discapacidad que no obtienen un diploma de escuela superior y que podrían beneficiarse de esta certificación para su inserción laboral y vida independiente. La investigación se realizará durante la actual Asamblea Legislativa en curso (2025-2028).
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