Para ordenar a la Comisión de Trabajos y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las prácticas patronales y relaciones laborales de la compañía Xpert’s Solutions LLC, quien sostiene contratos públicos para el mantenimiento de planteles escolares, investigar las condiciones laborales del personal que trabaja en esta compañía, el cumplimiento de la compañía con la legislación federal y estatal aplicable, sus protocolos laborales y operacionales, así como los efectos de sus prácticas patronales en la calidad y efectividad de los servicios que ofrecen; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre aquellos patronos que utilizan la figura del contratista independiente como subterfugio para evitar conceder derechos y beneficios que como empleado tendría derecho una persona que labore para este; y para otros fines relacionados

Esta Resolución ordena a las Comisiones de Trabajo y Asuntos Laborales y de Hacienda de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es determinar si patronos están clasificando erróneamente a sus trabajadores como contratistas independientes para evadir el pago de beneficios y derechos laborales y contributivos. La investigación debe concluir y presentarse en un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo máximo de 120 días tras la aprobación de la medida.

Para ordenar a la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales realizar una investigación sobre el alcance de las contrataciones por parte del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades, con agencias de colocación de empleo parcial o temporero en Puerto Rico, que incluya pero no se limite a: como se determina la necesidad de una contratación de alguna agencia de empleo para suplir la necesidad de empleados de las entidades gubernamentales; los mecanismos utilizados para notificar o invitar a las agencias de empleo temporero a participar de sus procesos de subasta o de requerimiento de propuestas; identificar los parámetros de cumplimiento en cualesquiera de las alternativas para la otorgación de un contrato tales como cualificaciones, criterios de evaluaciones y adjudicaciones y quienes hacen tales determinaciones; en cumplimiento con la reglamentación existente aplicable; publicidad o comunicación de los procesos; e identificación apropiada de los servicios requeridos; requerir de las agencias gubernamentales concernidas un récord histórico de contrataciones con tales agencias de empleo temporero y las cuantías; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias contratan con agencias de colocación de empleo parcial o temporero. La investigación debe examinar la determinación de necesidad, los procesos de subasta y adjudicación, los criterios de cualificación, la publicidad de los procesos y solicitará un historial de contrataciones y cuantías. El objetivo es evaluar la transparencia y eficiencia en el uso de fondos públicos en estas contrataciones.

Para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las razones que llevan a múltiples patronos a solicitar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de manera consecutiva o recurrente la exoneración del pago del bono de Navidad, de conformidad con la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la “Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y Empleados de la Empresa Privada”

Esta Resolución ordena a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las cuales patronos solicitan de forma recurrente la exoneración del pago del bono de Navidad. La investigación deberá evaluar los criterios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la situación financiera de los patronos, el impacto en los empleados y posibles lagunas legales. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe con hallazgos y recomendaciones.