Para decretar una amnistía general de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta, para que cualquier persona que ejerza la profesión de barbero o estilista en barbería en Puerto Rico, que no haya obtenido una licencia para ejercer como tales y colegiación compulsoria según lo establecido mediante la Ley Núm. 146 de 27 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería”, y que cumpla con los requisitos aquí dispuestos, pueda colegiarse y obtener su licencia al costo correspondiente ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, sin penalidad alguna por el tiempo que ejercieron la profesión sin colegiación y licencia requerida por ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 146, con el propósito de aumentar el término para que la Comisión rinda un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

La medida enmienda la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 146, aprobada en marzo de 2025. Extiende el plazo para que la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico rinda su informe final, con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El nuevo término se extiende hasta el final de la Vigésima Asamblea Legislativa. La medida no cambia el objeto de la investigación original, solo el tiempo para completarla.

Para ordenar la investigación sobre la otorgación de permisos de operación a escuelas privadas de Puerto Rico que presenten quejas de maltrato institucional y escuelas no acreditadas, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad en la educación, y para otros fines.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Comisión de Educación y Bienestar Social de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los procedimientos de otorgación de permisos de operación a escuelas privadas. Se enfoca en aquellas con quejas de maltrato institucional y las no acreditadas, con el fin de proponer mejoras en la supervisión y garantizar la calidad y seguridad educativa. La comisión tiene 120 días para presentar un informe con hallazgos y recomendaciones a la Cámara.

Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a establecer un periodo de amnistía de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales, legales, heredadas, pertenecientes a personas fallecidas, o con licencias vencidas; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; disponer para la publicidad; presentación de informes; establecer que no se procesarán criminalmente a las personas que entreguen armas de fuego; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a establecer un periodo de amnistía de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego, sin que las personas que las entreguen sean procesadas criminalmente por su posesión. Busca reducir la cantidad de armas fuera del control estatal y mejorar la seguridad pública. Se requiere una campaña publicitaria extensa y la implementación de mecanismos para recopilar y analizar datos sobre el impacto de la amnistía, con un informe posterior a la Asamblea Legislativa.