Qué propone
La Resolución Conjunta de la Cámara 221 (RCC 221) buscaba ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) que dejara sin efecto de forma inmediata la Carta Circular Núm. 008-2025-2026. Dicha Carta Circular establecía la política pública sobre el libre ejercicio de la fe en los planteles escolares y dependencias del DEPR, y creaba la Oficina de Base de Fe (OBFDE). La medida fue por la Comisión de Educación de la Cámara.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución Conjunta de la Cámara 221 fue el 7 de octubre de 2025 y referida a la Comisión de Educación. Tras un análisis, la Comisión no recomendó su aprobación el 26 de febrero de 2026, resultando en el rechazo de la medida.
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Última acción · 26 de febrero de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Educación dejar sin efecto la Carta Circular Núm. 006-2025-2026, titulada “Política pública y marco práctico para distinguir entre servicios relacionados educativos y terapias o tratamientos clínicos”; detener y revertir cualquier procedimiento iniciado al amparo de ésta; y garantizar la continuidad de los servicios relacionados provistos al estudiantado del Programa de Educación Especial al amparo de la Individuals with Disabilities Education Act, la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, la Sentencia por Estipulación del caso Rosa Lydia Vélez y otros v. Awilda Aponte Roque y otros y la jurisprudencia interpretativa que acompaña estas (y otras) fuentes jurídicas; y para establecer otras disposiciones complementarias.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación (DEPR) dejar sin efecto la Carta Circular Núm. 006-2025-2026, que buscaba distinguir entre servicios educativos relacionados y terapias clínicas. Detiene y revierte cualquier procedimiento iniciado bajo dicha carta circular. Su objetivo es garantizar la continuidad de servicios esenciales para el estudiantado del Programa de Educación Especial, amparándose en leyes federales, la Constitución de Puerto Rico y sentencias judiciales. Afecta directamente a miles de estudiantes con impedimentos y sus familias, así como al DEPR en la provisión de estos servicios.
Para declarar una moratoria durante la cual se le prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza hasta que la agencia cumpla con las disposiciones de esta resolución conjunta; y para otros fines relacionados.
La medida propone declarar una moratoria que prohíbe al Departamento de Educación (DE) aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza (EPA) hasta que el DE, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presenten un informe conjunto demostrando un impacto fiscal neto positivo de las EPA para el sistema público. Afecta directamente al DE, al limitar su capacidad de aprobar nuevas EPA, y a las entidades que buscan establecer o expandir este tipo de escuelas.
Para ordenar al Departamento de Educación que realice un ciclo de adiestramientos con los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, sobre los protocolos que atienden situaciones de tirador activo en las escuelas públicas y sobre tiroteos en los predios cercanos a los planteles escolares, así como ordenar revisar dichos protocolos para que incluyan la notificación, participación e información a los padres, madres o encargados.
La Resolución Conjunta de la Cámara 14, en su versión original aprobada por la Cámara, ordenaba al Departamento de Educación (DE) realizar un ciclo de adiestramientos para padres, madres o encargados sobre protocolos de tirador activo y tiroteos cercanos a escuelas. También ordenaba revisar dichos protocolos para incluir notificación, participación e información a los padres. Sin embargo, el Senado emitió un informe negativo, no recomendando su aprobación, basándose en las preocupaciones del DE sobre la viabilidad y seguridad de tales adiestramientos para padres.
Para ordenar al Departamento de Educación a viabilizar la reparación de la cancha de la Escuela Regino Vega del barrio Arenas del municipio Cidra; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación (DE) a priorizar y viabilizar la reparación de la cancha deportiva de la Escuela Regino Vega en Cidra. El DE deberá presentar un informe detallado en 90 días sobre los daños, un plan de trabajo, costos, y la identificación de fondos (estatales o federales) necesarios para la reconstrucción. La medida autoriza al DE a colaborar con otras entidades públicas o privadas para cumplir con el objetivo.
“Para declarar una moratoria durante la cual se le prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza hasta que la agencia cumpla con las disposiciones de esta resolución conjunta; y para otros fines relacionados.”
La Resolución Conjunta del Senado 28 (RCS 28) propone declarar una moratoria que prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) aprobar el establecimiento o la expansión de Escuelas Públicas Alianza (EPA) hasta que se cumplan supuestas disposiciones de la medida. Afecta directamente al DEPR en su capacidad de aprobar nuevas EPA o expandir las existentes, y a las entidades interesadas en operar o expandir este tipo de escuelas.
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