Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales (DRNA) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a realizar trámites administrativos para conseguir fondos estatales y federales. El objetivo es preservar los recursos naturales de la cuenca del Río Herrera, promover su conservación, limpieza y asegurar su libre salida al mar. La medida también faculta al DRNA a colaborar con otras agencias gubernamentales, incluyendo entidades federales como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el debate histórico sobre la protección de los recursos naturales y la gestión ambiental en Puerto Rico, un tema que ha cobrado mayor relevancia con la Ley 171-2018 que unificó las agencias ambientales bajo el DRNA. La búsqueda de fondos para la conservación del Río Herrera refleja la necesidad constante de recursos para enfrentar desafíos como la erosión costera y la contaminación, problemas que la Ley 33-2019 de cambio climático busca mitigar.
En qué va
Esta Resolución Conjunta (RCC 228) fue el 23 de octubre de 2025 y referida a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. El 1 de septiembre de 2026, se rindió un primer informe sin y la medida fue remitida a la Comisión de Calendarios de la Cámara.
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Última acción · 1 de septiembre de 2026
Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Agricultura, en conjunto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, realizar los trámites administrativos necesarios y pertinentes para conseguir los fondos estatales y federales disponibles para la remodelación y el desarrollo del área de la Villa Pesquera Herrera, localizada en el Municipio de Loíza; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Agricultura y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a gestionar la obtención de fondos estatales y federales para la remodelación y el desarrollo del área de la Villa Pesquera Herrera en Loíza. La medida también instruye al Departamento de Agricultura a colaborar con otras agencias gubernamentales para cumplir con este mandato.
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y a la Oficina del Comisionado Residente en Washington; gestionar los fondos federales necesarios para realizar los estudios y desarrollar los proyectos para evitar la erosión de las costas en las diferentes comunidades del Municipio de Loíza; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a múltiples agencias del gobierno de Puerto Rico (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Administración de Asuntos Federales en Washington, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina del Comisionado Residente) a gestionar la obtención de fondos federales. El propósito es realizar estudios y desarrollar proyectos para mitigar la erosión costera en comunidades específicas del Municipio de Loíza. Afecta directamente a las agencias designadas y a los residentes de Loíza en las áreas costeras vulnerables.
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dejar sin efecto de forma inmediata, la Orden Administrativa Número 2025-01 denominada “Para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el Municipio de Lajas”, y en su consecuencia, que se reactiven todas las investigaciones y casos a las circunstancias en que estaban al momento de emitirse la orden; se restituye la vigencia de cualquier orden administrativa derogada por la misma.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dejar sin efecto de forma inmediata la Orden Administrativa Número 2025-01, la cual establecía el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera, Lajas. Consecuentemente, se reactivan todas las investigaciones y casos relacionados a dichos asuntos a su estado previo, y se restituye la vigencia de cualquier orden administrativa que la Orden 2025-01 hubiese derogado. Afecta directamente al DRNA en su deber de implementar la orden, y a los ciudadanos o entidades que utilizaban o buscaban utilizar los recursos públicos en La Parguera.
Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica a gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de los embalses bajo su administración, con el propósito de restaurar su capacidad de almacenamiento de agua; para establecer las condiciones de dicho proceso; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta 47 ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a buscar activamente fondos federales para el dragado de embalses. El objetivo es restaurar su capacidad de almacenamiento de agua, especialmente tras el impacto de huracanes. Se establece un plazo de 180 días para que estas agencias certifiquen el cumplimiento de la gestión de fondos y la coordinación para el dragado fraccional de mantenimiento a perpetuidad.
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y al Instituto de Hidrología y Ciencias Ambientales de Puerto Rico a realizar un estudio exhaustivo sobre el estado de la Quebrada Mendoza en el Municipio de Cabo Rojo y del muro de contención ubicado detrás de la Urbanización Ana María que protege viviendas frente a dicha quebrada; con el fin de desarrollar e implementar medidas correctivas para prevenir inundaciones recurrentes en la comunidad, la Urbanización Ana María y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a cuatro agencias gubernamentales (DRNA, DTOP, NMEAD, e Instituto de Hidrología y Ciencias Ambientales) a realizar un estudio exhaustivo sobre el estado de la Quebrada Mendoza y su muro de contención en Cabo Rojo. El objetivo es identificar riesgos y desarrollar medidas correctivas para prevenir inundaciones recurrentes en la Urbanización Ana María y comunidades aledañas. Las agencias deben presentar un informe conjunto con hallazgos y propuestas en un plazo de 180 días.
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