Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a tomar medidas administrativas para proveer a los Inspectores de Pesas y Medidas con armas de fuego oficiales, bajo la custodia y de la agencia. También autoriza al Secretario a establecer convenios con la Policía de Puerto Rico o agencias federales para recibir donaciones de armas de fuego o equipo relacionado, con el fin de estandarizar y mejorar el control sobre el armamento utilizado por estos funcionarios en el desempeño de sus funciones como agentes del orden público.
Pros
Contras
Intereses en juego
📜 Perspectiva histórica
. Esta medida se relaciona con la reestructuración del aparato de seguridad estatal, como se describe en la Fuente 3, que unificó agencias bajo el Departamento de Seguridad Pública. La propuesta de armar a los inspectores de DACO refleja la tendencia a expandir las funciones de seguridad y orden público a entidades fuera de la Policía de Puerto Rico, lo que podría generar debates sobre la capacitación, supervisión y rendición de cuentas, similares a los desafíos enfrentados por la Policía bajo el decreto de consentimiento federal (Fuente 1) y los problemas de corrupción (Fuente 2).
En qué va
La Resolución Conjunta de la Cámara 269 fue el 27 de enero de 2026 y referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor. Actualmente se encuentra en trámite legislativo en dicha comisión.
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Última acción · 27 de enero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a establecer un periodo de amnistía de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales, legales, heredadas, pertenecientes a personas fallecidas, o con licencias vencidas; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; disponer para la publicidad; presentación de informes; establecer que no se procesarán criminalmente a las personas que entreguen armas de fuego; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a establecer un periodo de amnistía de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego, sin que las personas que las entreguen sean procesadas criminalmente por su posesión. Busca reducir la cantidad de armas fuera del control estatal y mejorar la seguridad pública. Se requiere una campaña publicitaria extensa y la implementación de mecanismos para recopilar y analizar datos sobre el impacto de la amnistía, con un informe posterior a la Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo y distribución de los recaudos generados por concepto de licencias y multas relacionadas con el Negociado de la Policía de Puerto Rico conforme a lo dispuesto en la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; examinar posibles medidas para optimizar su utilización; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución ordena a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Negociado de la Policía de Puerto Rico maneja y distribuye los fondos recaudados por concepto de licencias y multas bajo la Ley 168-2019 (Ley de Armas). El objetivo es evaluar su uso actual, identificar alternativas para optimizar la utilización de estos recursos y proponer mejoras en el servicio y rapidez del proceso de expedición de licencias de armas. La investigación debe concluir con un informe y recomendaciones en un plazo de 180 días.
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