Para ordenar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para lograr acuerdos colaborativos formales con el American Foundation for the Blind, SourceAmerica y U. S. Ability One Commision o cualquier otra entidad con o sin fines de lucro dirigida a identificar, promover y crear oportunidades de empleo para personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

Para ordenar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos la creación de un “Código Integral de derechos para la defensa de Personas con Diversidad Funcional” que contenga toda la legislación y reglamentación dirigida a la protección de dicha población; la redacción de dicho Código estará a cargo de un grupo multisectorial adscrito a la Defensoría de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) la creación de un "Código Integral de derechos para la defensa de Personas con Diversidad Funcional". Este Código compilará toda la legislación y reglamentación existente dirigida a la protección de esta población. La redacción del Código estará a cargo de un grupo multisectorial adscrito a la DPI, buscando facilitar el acceso a las fuentes legales que garantizan los derechos de las personas con diversidad funcional y sus familiares.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 219-2006, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar el Empleo de Personas con Impedimentos Cualificados en las Agencias, Dependencias y Corporaciones Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; con el propósito de recomendar las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a investigar el cumplimiento de la Ley 219-2006, la cual exige que las agencias, dependencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado empleen al menos un cinco (5) por ciento de personas con impedimentos cualificadas. El propósito es recomendar acciones legislativas y administrativas para asegurar que esta política pública se cumpla efectivamente, buscando mejorar las oportunidades de empleo e independencia económica para personas con impedimentos.

Para ordenar al Departamento de Salud requerir créditos de educación continua a proveedores y profesionales de salud en temáticas de concientización y sensibilidad con las personas con discapacidades en todas sus modalidades.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Salud de Puerto Rico, a través de su Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, a exigir que los proveedores y profesionales de la salud completen créditos de educación continua sobre temas de concientización y sensibilidad hacia personas con discapacidades en todas sus modalidades. Esto incluye formación en lenguaje de señas y el Sistema Braille. Afecta directamente a todos los profesionales de la salud que requieren educación continua para mantener sus licencias o certificaciones.