“Para ordenar a la Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico a separar como…

Contras

• •La medida impone un mandato de asignación mínima del 10% de fondos WIOA para personas con diversidad funcional, pero el articulado no detalla mecanismos de fiscalización o penalidades en caso de incumplimiento por parte de la Junta Estatal o el DDEC, lo que podría generar discrecionalidad en la aplicación.
• •Aunque el DDEC indicó que la ley federal permite reservar hasta un 15% para actividades estatales de desarrollo laboral, la medida impone un 10% específico para un subgrupo poblacional sin un análisis detallado en el texto sobre cómo esta asignación obligatoria podría afectar la flexibilidad del DDEC para responder a otras necesidades emergentes o prioritarias de la fuerza laboral general, o si podría generar conflictos con las regulaciones federales de WIOA que dictan la distribución de fondos.
• •La medida ordena al DDEC a trabajar en conjunto con la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) para que los participantes de la ARV reciban servicios a través de las áreas locales del DDEC. Sin embargo, el texto no especifica cómo se coordinarán los fondos, los servicios, ni cómo se evitará la duplicidad o el conflicto entre las responsabilidades y fondos ya asignados a la ARV bajo WIOA para personas con impedimentos, creando potencial para ineficiencias o disputas administrativas.
• •La Exposición de Motivos menciona datos de servicios prestados a personas con diversidad funcional entre 2020-2024, pero la medida no establece un mecanismo de monitoreo o reporte continuo y detallado a la Asamblea Legislativa sobre la efectividad y el alcance de los servicios financiados por este 10% reservado, limitando la capacidad de fiscalización legislativa futura sobre el uso de estos fondos.