Para ordenar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos la creación de un “Código Integral de derechos para la defensa de Personas con Diversidad Funcional” que contenga toda la legislación y reglamentación dirigida a la protección de dicha población; la redacción de dicho Código estará a cargo de un grupo multisectorial adscrito a la Defensoría de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico el cumplimiento con la Ley 85-2019, según enmendada y conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico:”, específicamente con los Artículos 10.10 y 11.01 del referido estatuto, los cuales garantizan los derechos de los estudiantes de educación especial, así como los derechos de los padres, tutores y encargados, así mismo, con la como la Ley 163- 2024, conocida como la “Ley para la Protección, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Especto Autista”; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) a cumplir con disposiciones específicas de la Ley 85-2019 (Ley de Reforma Educativa) y la Ley 163-2024 (Ley para la Protección de Personas con Trastornos del Espectro Autista). Busca asegurar el cumplimiento de los Artículos 10.10 y 11.01 de la Ley 85-2019, que garantizan derechos de estudiantes de educación especial y sus familias, y se alinea con la Ley 163-2024. Afecta directamente a estudiantes de educación especial, sus padres y tutores, y al Departamento de Educación en su deber de proveer servicios.

“Para ordenar a la Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico a separar como mínimo un diez por ciento (10%) del total de fondos que recibe en virtud del Título I de la Ley Pública Núm. 113-128 del 22 de julio de 2014, conocida como la Ley de Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), a los efectos de que sean distribuidos exclusivamente para brindar servicios a personas con diversidad funcional o personas con impedimentos; facultar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a adoptar cualquier carta circular o normativa de conformidad con lo anterior; y disponer términos para cumplir con lo dispuesto mediante esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.”

Esta Resolución Conjunta ordena a la Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a separar como mínimo el 10% de los fondos recibidos bajo el Título I-B de la Ley de Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA) para servicios exclusivos a personas con diversidad funcional o impedimentos. Faculta al DDEC a adoptar normativa y permite campañas educativas sobre los servicios WIOA. Afecta directamente la asignación de fondos federales y la prestación de servicios por parte de entidades locales de desarrollo laboral.

Para ordenar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para lograr acuerdos colaborativos formales con el American Foundation for the Blind, SourceAmerica y U. S. Ability One Commision o cualquier otra entidad con o sin fines de lucro dirigida a identificar, promover y crear oportunidades de empleo para personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a buscar y formalizar acuerdos de colaboración con organizaciones como el American Foundation for the Blind, SourceAmerica y la U.S. Ability One Commission, u otras entidades similares. El objetivo es identificar, promover y crear más oportunidades de empleo para personas con diversidad funcional en Puerto Rico. La DPI tiene 90 días para realizar estas gestiones y se requerirá un informe sobre las acciones tomadas.