Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a enmendar el Reglamento Núm. 9526 de ese Departamento, “Reglamento para Estaciones Oficiales de Inspección, Inspección de Vehículos de Motor y Otros Fines Relacionados”, a los fines de: (1) establecer criterios rectores claros para la certificación de equipos de inspección vehicular; (2) aclarar la naturaleza penal de las conductas tipificadas en el Artículo 12.07 de la Ley 22 2000 y prohibir su imposición administrativa; (3) crear un protocolo formal de referido al Departamento de Justicia; (4) establecer de forma expresa la delegación de autoridad del Secretario hacia la Dirección de Servicios al Conductor (DISCO); (5) adoptar un procedimiento uniforme y documentado para la imposición de sanciones; (6) prohibir negociaciones informales de multas; y (7) garantizar la incorporación explícita de las protecciones del debido proceso administrativo en todos los procedimientos de inspección, intervención y sanción; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 12.04 y 12.07 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de disponer que en los casos en que se opte por contratar la operación de inspeccionar los vehículos de motor con personas o entidades privadas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas promoverá la competencia y amplia participación de proveedores certificados con la intención de evitar el control monopolístico de dicho sector de servicio a la ciudadanía tanto para atender la demanda de operación de Estaciones de Centros de Inspección como para garantizar la libre competencia en la provisión, venta o arrendamiento de equipos de inspección; establecer controles claros para la aplicación de sanciones por incurrir en las conductas dispuestas en dicho artículo; disponer sobre la facultad de cerrar o de suspender permisos para operar estaciones de inspección de vehículos de motor; prohibir la discreción indebida en la negociación de sanciones impuestas al amparo de la Ley; decretar la obligación del Departamento de Transportación y Obras Públicas de formalizar referidos a las autoridades correspondientes en casos de violación de lo dispuesto en dicho Artículo; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para reformar los procesos de contratación de servicios de inspección vehicular privada y la aplicación de sanciones. Busca promover la competencia entre proveedores de inspección y equipos, evitar monopolios, y establecer controles más claros y uniformes para la imposición de multas y suspensiones de permisos, además de obligar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a referir casos de posible conducta delictiva a las autoridades correspondientes. Afecta directamente al DTOP, a los operadores de centros de inspección vehicular y a los proveedores de equipos de inspección.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que imparta las instrucciones al Centro de Servicios al Conductor, para que incluyan en la plataforma de CESCO Digital el registro o licencia de velúculo virtual; y ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico que imparta instrucciones al Negociado de Patrullas de Carreteras o su entidad sucesora y a las demás divisiones de la Policía para que sus agentes del orden público acepten como válida la evidencia de vigencia de la registración o licencia de vehículo virtual, reflejada mediante el marbete digital o los registros electrónicos disponibles en la aplicación de CESCO Digital.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que instruya al Centro de Servicios al Conductor (CESCO) a incluir el registro o licencia de vehículo virtual en la plataforma CESCO Digital. Simultáneamente, instruye al Superintendente de la Policía a que sus agentes acepten como válida la evidencia digital de la vigencia del registro o licencia del vehículo, ya sea a través del marbete digital o registros electrónicos en CESCO Digital. La medida busca formalizar la aceptación de estas pruebas digitales por parte de la Policía y entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, requiriendo un informe de gestiones a la Asamblea Legislativa en 15 días.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a realizar, en un término no mayor de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta, una inspección de las luminarias ubicadas en la Carretera Estatal PR-165 en la intersección con la PR-865 en el municipio de Toa Baja; evaluar el estado de las luminarias en el Km. 1.6 de la Carretera Estatal PR-865 en el Barrio Campanilla del municipio de Toa Baja; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a realizar una inspección de las luminarias en la intersección de la Carretera Estatal PR-165 con la PR-865 y en el Km. 1.6 de la PR-865, ambas en Toa Baja. El DTOP tiene 30 días para completar la inspección y 90 días adicionales para realizar las acciones correctivas necesarias. Posteriormente, deberá rendir un informe detallado al Senado y la Cámara en un plazo de 120 días desde la vigencia de la medida.