“Para ordenar al Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la entrega de las carpetas de información de inteligencia recopiladas por la Policía de Puerto Rico contra ciudadanos puertorriqueños; y para otros fines relacionados.”

Para crear la “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”; derogar la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada; establecer la nueva estructura del Archivo General de Puerto Rico; establecer la política pública sobre la identificación, manejo, protección y conservación de los documentos públicos; establecer el Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno de Puerto Rico; delinear las funciones del Programa y los procedimientos de conservación de documentos e información pública; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 69 propone crear la “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”, derogando la Ley Núm. 5 de 1955. Establece una nueva estructura para el Archivo General de Puerto Rico y un Programa de Gestión de Documentos Públicos unificado para todo el gobierno. Define la política pública sobre identificación, manejo, protección y conservación de documentos públicos, tanto físicos como digitales, y delinea las funciones del programa y los procedimientos de conservación.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados

La Resolución de la Cámara 358 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en acciones del Gobierno de Puerto Rico que divulgaron información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. El objetivo es determinar si estas acciones colaboraron con esfuerzos de arresto y deportación de personas con estatus migratorio irregular por parte de autoridades federales de inmigración (ICE). La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días.

“Para ordenar al Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico a digitalizar todos los expedientes originales ubicados en sus oficinas regionales, particularmente aquellos relacionados con propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización; así como la digitalización de planos y documentos técnicos, a los fines de preservar la información en caso de desastres naturales, incendios, inundaciones u otras emergencias.”

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a digitalizar sistemáticamente todos los expedientes físicos y documentos técnicos de sus oficinas regionales, con énfasis en propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización. La medida exige establecer un protocolo de respaldo seguro para los archivos digitales, incluyendo almacenamiento en la nube y sistemas redundantes. Además, el Departamento debe presentar un informe detallado a la Asamblea Legislativa en un plazo de 120 días sobre el inventario, plan de trabajo, recursos necesarios y recomendaciones para la implementación, afectando directamente la gestión documental y la preservación de información crítica del Departamento.

Para enmendar el Artículo 4-A, y crear un nuevo Artículo 4-B, en la Ley número 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa, el P. de la C. 799, buscaba enmendar la Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico (Ley Núm. 5 de 1955). Propone establecer un plazo de 72 horas laborables para digitalizar todos los documentos públicos generados por el Gobierno, en un formato 'searchable' y almacenado en un sistema seguro y redundante definido por el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). También limita la conservación de documentos físicos a un máximo de cinco años fiscales, salvo excepciones específicas como procesos activos o documentos de valor histórico/legal, y establece un plazo de 365 días para que las agencias completen la digitalización y evaluación de sus documentos existentes. Afecta a todas las agencias y dependencias de los tres poderes del Gobierno de Puerto Rico.

Para añadir un inciso (f) al Artículo 20 de la Ley Núm. 107-2025, conocida como “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”; y para otros fines relacionados.

La medida propone añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 20 de la Ley Núm. 107-2025, conocida como 'Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI'. Busca obligar a todas las agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico a digitalizar los documentos públicos dentro de 72 horas laborables en formato 'searchable', y a conservar el formato físico solo por un máximo de cinco (5) años fiscales, salvo excepciones específicas. Afecta a todas las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios, así como a los ciudadanos que interactúan con la documentación pública.