Para ordenar a las Comisiones de Agricultura; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, a que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la industria lechera en Puerto Rico; determinar la capacidad local de producción de leche fresca y de sus productos derivados; conocer el estado de situación de los ganaderos; y conocer las acciones que ha tomado el Departamento de Agricultura del Gobierno de Puerto Rico ante el cierre de una de las plantas procesadoras de leche fresca en la Isla.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para conocer y evaluar el estado actual y la ejecución de los programas de recuperación destinados a la industria agrícola.

La Resolución del Senado 51 ordena a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es evaluar el estado actual y la ejecución de los programas de recuperación destinados a la industria agrícola, incluyendo la efectividad de los programas, desembolsos, beneficiarios e impacto. Las comisiones tienen 180 días para rendir un informe detallado con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

“Para ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la producción y comercialización del café en Puerto Rico. Dicha investigación deberá incluir, pero no limitarse al análisis del papel de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) en el sector cafetalero, la dependencia de la Isla a las importaciones para satisfacer la demanda interna, los precios a los que la ADEA adquiere el café importado y lo revende a las torrefactoras, los aspectos relacionados con el financiamiento de dichas importaciones, el impacto de eventos climáticos extremos en la producción local, la escasez de mano de obra en el sector, el riesgo de una posible crisis en la industria cafetalera, y las posibles medidas para fortalecer y sostener la industria cafetalera local.”

Esta Resolución del Senado (RS 160) ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la producción y comercialización del café en la Isla. La investigación debe analizar el rol de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la dependencia de importaciones, los costos de adquisición y reventa de café importado por ADEA, el impacto climático, la escasez de mano de obra, el riesgo de crisis en la industria y posibles medidas de fortalecimiento. La Comisión tiene facultades para celebrar vistas, citar testigos y requerir información, y debe presentar un informe final con hallazgos y recomendaciones al Senado.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la efectividad de los programas, servicios, financiamiento e incentivos dirigidos al sector agropecuario; sobre la implantación de la política pública establecida sobre seguridad alimentaria, energía renovable, desarrollo rural sostenible, condiciones laborales del trabajador agrícola; y sobre su cumplimiento por parte de las agencias relacionadas con la agricultura en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 83 ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la efectividad de los programas, servicios, financiamiento e incentivos dirigidos al sector agropecuario. La investigación también abarcará la implantación de políticas públicas en áreas como seguridad alimentaria, energía renovable y desarrollo rural sostenible, así como las condiciones laborales del trabajador agrícola y el cumplimiento de las agencias relacionadas. La Comisión podrá celebrar vistas públicas, citar funcionarios y requerir información, debiendo rendir informes periódicos y un informe final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el proyecto para inundar el Valle de Lajas, su impacto en la infraestructura agrícola, los cultivos y la economía local; la respuesta gubernamental inmediata y a mediano plazo del estado de los sistemas de mitigación de inundaciones y drenaje; y los posibles efectos de la propuesta de restauración de la Laguna de Guánica en la producción y cadena agroalimentaria de la Isla.

La Resolución del Senado 246 ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el proyecto de inundación del Valle de Lajas y la propuesta de restauración de la Laguna de Guánica. La investigación debe evaluar el impacto de estos proyectos en la infraestructura agrícola, cultivos, economía local, y la cadena agroalimentaria de la Isla, así como la respuesta gubernamental a los sistemas de mitigación y drenaje. La Comisión tiene 120 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado actual de las visas H-2A y la utilización de estas para empleos agrícolas en Puerto Rico, con énfasis en la industria cafetalera, y analizar cómo los cambios en la política pública federal podrían impactar a este sector.

La Resolución del Senado 84 ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el uso y estado actual de las visas H-2A para empleos agrícolas en la Isla, con un enfoque particular en la industria cafetalera. La investigación también debe analizar el potencial impacto de cambios en la política pública federal sobre este sector. La Comisión tiene la facultad de celebrar vistas públicas, requerir comparecencias y documentos, y realizar inspecciones. Se le otorga un plazo de 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esta medida no crea derechos ni obligaciones legales, sino que busca recopilar información para informar futuras acciones legislativas o administrativas.