Para expresar, en nombre del pueblo de Puerto Rico, el respaldo absoluto del Senado de Puerto Rico a todas las acciones emprendidas por el Presidente de los Estados Unidos, Hon. Donald J. Trump, y su Gabinete, en la lucha frontal contra el narcotráfico y contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro; y para reafirmar el compromiso de Puerto Rico de apoyar plenamente las medidas adoptadas para salvaguardar la seguridad, la paz, la estabilidad regional y la calidad de vida de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, la Nación y el Caribe, y poniendo nuestros recursos a la disposición para colaborar plenamente en este esfuerz

“Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya han iniciado las autoridades migratorias de los Estados Unidos.”

Esta Resolución Concurrente del Senado de Puerto Rico expresa el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa a las políticas migratorias del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, que declaraban la entrada de inmigrantes como una invasión, eliminaban el carácter de santuario de instituciones y promovían la deportación masiva. También repudia el uso de recursos de Puerto Rico para ejecutar dichas iniciativas y declara solidaridad con las comunidades inmigrantes en la isla ante la persecución de autoridades migratorias federales. No crea ni enmienda leyes, ni establece mecanismos o plazos, sino que manifiesta una postura política.

Para expresar la más enérgica censura del Senado de Puerto Rico al régimen socialista, dictatorial y represivo impuesto por Nicolás Maduro, sustentado en un modelo económico fracasado; la traición a las aspiraciones democráticas y a la dignidad del pueblo venezolano; el uso del aparato estatal como instrumento de enriquecimiento personal y de su círculo cercano, a costa del hambre y el sufrimiento colectivo; el ejercicio sistemático de violencia política contra sus opositores; la permanencia ilegítima en el poder mediante procesos electorales carentes de transparencia; y el desplazamiento masivo de venezolanos, quienes culminan enfrentándose a leyes y políticas migratorias de otros países como inmigrantes.

La Resolución del Senado 224 expresa la más enérgica censura del Senado de Puerto Rico hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, citando su modelo económico, represión, y migración masiva. La medida no crea nuevas leyes ni mecanismos de fiscalización, sino que articula una postura política y diplomática. Como parte de su acción, ordena la traducción y envío de copias de la resolución a organismos internacionales como la OEA y la ONU, al Consulado de Venezuela en Puerto Rico, y a los medios de comunicación para su divulgación. Su efecto es declaratorio y simbólico, sin impacto directo en la gobernanza o finanzas de Puerto Rico.

Para expresar el más enérgico repudio del Senado de Puerto Rico a la campaña de censura realizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, su presidente, Donald J. Trump, y funcionarios interviniendo con, o cancelando, el contenido de expresiones vertidas por individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación; así como la promoción de ambientes que propenden a la “autocensura”, en contravención con el derecho humano a la libertad de expresión, sus propios principios constitucionales y la jurisprudencia que interpreta la Primera Enmienda.

Esta Resolución expresa el más enérgico repudio del Senado de Puerto Rico a lo que describe como una campaña de censura por parte del gobierno de los Estados Unidos, su presidente y funcionarios. Denuncia acciones dirigidas a intervenir o cancelar expresiones de individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación, así como la promoción de la 'autocensura'. La medida no crea nuevas leyes, mecanismos, cifras, plazos ni modifica organismos en Puerto Rico; su efecto es una declaración de postura política.