Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 75, aprobada el 7 de abril de 2025, que ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores.
Qué propone
Esta medida, una Resolución del Senado (R. del S. 337), la Sección 3 de la Resolución del Senado 75. La Resolución original ordenó a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado realizar una investigación sobre protocolos bancarios para prevenir la explotación financiera de adultos mayores. La enmienda extiende el plazo para que dicha Comisión rinda su informe final, fijando como nueva fecha límite el final de la 2da de la Vigésima Asamblea Legislativa (previsto para noviembre de 2025).
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida, que investiga la explotación financiera de adultos mayores por parte de instituciones bancarias, se alinea con el marco legal de protección establecido por la Ley 121-2019, la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. Esta ley tipifica el maltrato financiero y busca frenar la vulnerabilidad de esta población, un problema exacerbado por el rápido envejecimiento demográfico de la isla.
En qué va
Esta medida es una Resolución del Senado (R. del S. 337) que fue el 16 de octubre de 2025. Tras aparecer en Primera Lectura y en el , fue el 27 de octubre de 2025.
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Última acción · 27 de octubre de 2025
Texto de Aprobación Final en Senado
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (28)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 1, enmendada por la R. del S. 275 aprobada el 25 de agosto de 2025, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 40-2020, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía” y de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como, “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, a los fines de investigar por qué estas leyes no han sido ejecutadas en su totalidad para que nuestros policías retirados reciban una compensación más justa para su retiro a la mayor brevedad; y para fines relacionados.
La Resolución del Senado 367 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 1 (originalmente aprobada el 27 de febrero de 2025 y enmendada el 25 de agosto de 2025). La enmienda extiende el plazo para que las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, y de Gobierno del Senado, presenten informes parciales y un informe final sobre la implementación de la Ley 40-2020 (Fideicomiso para el Retiro de la Policía) y la Ley 11-1933 (Máquinas de Juegos de Azar). El informe final debe presentarse antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (que concluye el 30 de junio de 2026).
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la política pública existente y necesaria referente al cuido continuo y a las instituciones de cuido de larga duración en Puerto Rico, en todas sus modalidades incluyendo instituciones de cuido diurno e instituciones residenciales; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 217 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la política pública actual y futura relacionada con el cuidado continuo y las instituciones de cuidado de larga duración en todas sus modalidades (diurno y residencial). Para ello, la Comisión integrará un Grupo Especial de Trabajo con representantes de agencias clave como Familia, ASSMCA, OPPEA, y organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. La Comisión tiene facultad para celebrar vistas, citar testigos y requerir información, y deberá rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones antes del cierre de la 3ra Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa (junio de 2026).
Para ordenar a las Comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos; y de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales, cantidad de casos, zonas o municipios más impactados, las razones y su impacto en la industria hospitalaria, así como que brinden posibles alternativas y protocolos que se deben implementar para eliminar esta práctica; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 334 ordena a las Comisiones de Familia y Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales. La investigación debe determinar la cantidad de casos, las zonas más impactadas, las razones subyacentes, y el impacto en la industria hospitalaria. Además, se les instruye a proponer alternativas y protocolos para eliminar esta práctica, con un plazo de 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas o administrativas.
Para ordenar a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta en la que evalúen si el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024, promulgado por la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral, cumple cabalmente con la política pública establecida en la Ley 121-2019, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”; examinen la implementación y nivel de cumplimiento del Departamento de Salud con el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024; y desarrollen propuestas legislativas y administrativas para la revisión del plan, a los fines de hacerlo compatible con los parámetros del Plan para el Decenio de Envejecimiento Saludable 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud, incorporar objetivos científicamente ejecutables y medibles, y establecer responsabilidades concretas para su cumplimiento.
La Resolución del Senado 576 ordena a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta. El objetivo es evaluar el cumplimiento del Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024 con la Ley 121-2019, examinar su implementación y nivel de cumplimiento por parte del Departamento de Salud, y desarrollar propuestas para revisar dicho plan y hacerlo compatible con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incorporar objetivos medibles y establecer responsabilidades concretas. Afecta directamente a las comisiones senatoriales designadas y, en última instancia, a la política pública y los servicios dirigidos a la población de adultos mayores en Puerto Rico.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para conocer el estado actual de los hogares de envejecientes de Puerto Rico, a los fines de auscultar el cumplimiento con la política pública establecida y el nivel de cumplimiento con ésta en aquellas instituciones autorizadas a prestar servicios a dicha comunidad, así como a las organizaciones que atienden las necesidades de esta población.
La Resolución del Senado 5 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los hogares de envejecientes en la isla. El objetivo es evaluar el cumplimiento de estas instituciones y las organizaciones de apoyo con la política pública vigente y los procesos de licenciamiento y regulación establecidos por el Departamento de la Familia. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.
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